Reyes explicó que, tal y como está contemplado en el acuerdo de justicia transicional alcanzado el pasado septiembre entre el Gobierno y la guerrilla, las sanciones para quienes reconozcan delitos graves oscilarán entre los cinco y ocho años de restricción efectiva de la libertad.
“Para quienes acepten tempranamente responsabilidad en los delitos que resultan más graves va a haber una pena de restricción de libertad de cinco a ocho años”, apuntó el ministro en una entrevista con la emisora Blu Radio.
Dentro de ese apartado, precisó, el acuerdo establece que quienes “no hayan tenido una participación determinante en esos crímenes”, tendrán una sanción de entre dos y cinco años.
Por otro lado, los que también reconozcan su responsabilidad pero “de manera tardía”, según el acuerdo, cumplirán penas de entre cinco y ocho años en “condiciones ordinarias”, es decir, en prisión. En un último apartado figuran los casos de quienes no asuman su responsabilidad pero la Justicia demuestre su participación, situación en la que los guerrilleros podrían ser condenados hasta a veinte años de cárcel.
Reyes advirtió que las FARC tienen la “libertad de confesar los delitos que deseen, pero si se llegan a tener pruebas suficientes para investigarlos por los crímenes que no aceptaron, entonces se arriesgan a penas de prisión en condiciones normales”.