Bogotá (EFE). El defensor del Pueblo colombiano, Jorge Armando Otálora, dijo a periodistas que esas acciones fueron registradas en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba, Arauca, Boyacá, Vichada, Tolima, Cauca, Huila, Meta, Guaviare, Nariño, Putumayo y Caquetá.
Los registros abarcan el período comprendido entre el pasado 20 de noviembre y el pasado 17 de enero y fueron aportados por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo.
Las acciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) , según Otálora, se tradujeron en instalación de artefactos explosivos y minas antipersonales, homicidios selectivos y combates con la fuerza pública con interposición de población civil.
También enfrentamientos con otros grupos armados ilegales y hostigamientos contra instalaciones policiales.
La Defensoría dijo que realizará un monitoreo permanente a las zonas identificadas en riesgo, con el fin de advertir las posibles vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que puedan generar las acciones violentas de las FARC, una vez se levante la tregua este 20 de enero.
Las zonas en las que se podrían centrar esas acciones están ubicadas en los departamentos de Nariño, fronterizo con Ecuador, Caquetá (sur) , Cauca (suroeste) , Arauca y Norte de Santander, fronterizos con Venezuela.
Recomendó a la fuerza pública reforzar los dispositivos de seguridad en las áreas identificadas en riesgo de posibles acciones armadas y violentas de las FARC para proteger a la población civil.
Sugirió a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y al Ministerio del Interior preparar “ un plan de protección y atención urgente de la población civil que sea víctima ” de los rebeldes.
Las FARC y el Gobierno colombiano adelantan negociaciones de paz en La Habana. Tras un receso por Navidad, las partes retomaron las conversaciones el lunes pasado y coinciden en que se debe avanzar a mejor ritmo.