Tony Saca, como es popularmente conocido, es acusado de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero, cometidos, supuestamente, al desviar 246 millones de dólares del presupuesto público a cuentas privadas. La jueza cuarta de Paz, Nelly Pozas, decidió este viernes decretar la “ prisión provisional ” a Saca y otros 6 imputados, al cierre del segundo día de audiencia y a minutos de concluir el plazo constitucional para decidir sobre la libertad de ellos.
Pozas argumentó que necesitaba “ un poco más de tiempo para tomar una decisión apegada a derecho ” , y anunció que el fallo en el que determinará si los acusados afrontarán la etapa de instrucción o investigación judicial se dictará mañana sábado a las 09:00 hora local (15:00 GMT) . De enviar a los acusados a la siguiente etapa, Pozas debe establecer si la afrontan en prisión preventiva, libertad condicional, arresto domiciliario o libertad total.
Mientras llega la hora, Saca y sus colaboradores deben permanecer en el mismo recinto en el que estuvo encerrado el difunto expresidente Francisco Flores (1999-2004) , procesado por supuestamente apropiarse y desviar 15 millones de dólares de donaciones taiwanesas para víctimas de los terremotos que asolaron el país en el 2001.
En ambos casos, el partido que llevó al poder a los dos políticos, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) , se ha visto salpicado por la corrupción. De acuerdo con la Fiscalía, Arena recibió 10 millones de dólares del dinero apropiado por Flores y 400.000 dólares de Saca.
Junto a Saca son procesados sus exsecretarios privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, por los mismos delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero.
A ellos se suman Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, “ colaboradores directos ” de Saca y aún empleados de la Presidencia, todos arrestados el domingo anterior. Durante el segundo día de audiencia, que se extendió por más de 6 horas, la defensa centró sus alegatos en que la Fiscalía no presentó pruebas ni de los delitos imputados y ni de que los involucrados puedan escapar para tratar de “ evadir la justicia ” . Además solicitaron la anulación de los cargos de agrupaciones ilícitas y lavado de dinero.
“ Yo le pido que nos otorgue las medidas sustitutivas (a la prisión) para poder luchar con mi defensa ” y porque “ hace un año estuve en cuidados intensivos y necesito constantemente ver a los médicos por dos dolencias complicadas y graves ” , dijo Saca al momento del uso de la “ última palabra ” .
Los fiscales aseguraron que los negocios de Saca, dueño de al menos seis emisoras de radio, reportaron “ ingresos desmesurados ” durante los cinco años de su gestión, fruto del desvío de 246 millones de dólares del presupuesto estatal.
Explicaron que las empresas de comunicación de Saca suponían ingresos aproximados de 114.000 dólares antes de 2004, mientras que durante su gestión pasaron a registrar hasta 7 millones de dólares anuales.
También aseguraron que la administración de Mauricio Funes (2009-2014) , quien afronta un proceso civil por el supuesto enriquecimiento ilícito en más de 700.000 dólares, movió 983.000 dólares del dinero público a una empresa de Saca.
“ Ante especulaciones de la Fiscalía, reitero que mi Gobierno no hizo transferencias ilegales a empresas de Saca, salvo pagos de publicidad en radios ” , publicó en sus redes sociales Funes, pese a que la Fiscalía asegura que no existen contratos que avalen la legalidad de las transferencias.
Según el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, los imputados operaban una estructura al interior de la Presidencia que movió 246 millones de dólares a 14 cuentas personales de Charlaix, Rodríguez y Gómez, de las que posteriormente retiraron 116 millones de dólares “ en efectivo ” , de los que lavaron 6 millones.