El Ministerio de Relaciones Exteriores informó, a través de un comunicado que el embajador de Uruguay en Perú, Carlos Alejandro Barros, comunicó esta mañana que García ingresó en horas de la noche del sábado a su residencia y que solicitó asilo a dicho país, conforme a lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son parte el Perú y Uruguay.
El Gobierno de Uruguay deberá evaluar ahora el pedido de García, quien es investigado por el fiscal contra el lavado de activos José Domingo Pérez por presuntamente haber recibido un pago de Odebrecht por 100.000 dólares para dictar una conferencia en Brasil, a través de un intermediario.
Precisamente este sábado, la Justicia peruana impuso a García un impedimento de salida del país por 18 meses, una medida a la que el exmandatario dijo "allanarse" y que consideró que "no era una sanción". La Fiscalía peruana solicitó el pasado jueves esta medida de restricción contra García, presidente entre los años 1985-1990 y 2006-2011, en el marco de las investigaciones que se siguen en su contra por presuntamente haber favorecido a la empresa Odebrecht en la licitación del Metro 1 de Lima.
El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, valoró el sábado que "existen suficientes elementos de convicción" para declarar fundada la medida.
Sánchez consideró que documentos entregados por Odebrecht en el marco de una colaboración eficaz con la fiscalía brasileña, infieren que el dinero que García recibió de la empresa provenía de fuente ilícita, por lo que señaló que "amerita no solo la investigación en este caso, sino la imposición de la medida a fin de que los hechos sean aclarados".
El caso de García entró en una espiral insospechada el pasado jueves, cuando el exmandatario llegó a Perú procedente de España, donde reside habitualmente, para declarar ante la Fiscalía por este caso. Sin embargo, nada más presentarse ante las autoridades, García fue informado que la investigación en su contra se ampliaría por los delitos de colusión y lavado de activos, al tiempo que medios peruanos publicaron información procedente de Odebrecht que parece confirmar que García habría recibido 100.000 dólares de la Caja 2 de Odebrecht, por medio de la empresa del abogado José Américo Spinola.
Según el fiscal, en ese pago "se habrían realizado actos de conversión, transferencia, tenencia y ocultamiento", propias del delito de lavado de activo. El objetivo de la petición de la fiscalía de impedir que García salga de Perú fue para evitar que eluda el proceso, como ya hizo en 1992, cuando se exilió en Colombia y luego vivió en Francia, hasta que en 2001 se declaró que había prescrito una acusación por presunto enriquecimiento ilícito durante su primer mandato (1985-1990).