Park, de 66 años, fue detenida en marzo de 2017 por una serie de acusaciones que revelaron las turbias relaciones entre el poder político y los grandes conglomerados de empresas familiares en Corea del Sur. La primera mujer elegida al frente del país había sido condenada en abril a 24 años de prisión en primera instancia.
La caída de la presidenta conservadora, que se produjo a raíz de manifestaciones multitudinarias en todo el país, permitió la elección del centroizquierdista Moon Jae-in, que contribuyó a un espectacular acercamiento entre las dos Coreas.
El caso por el que fue condenada Park sacó a la luz la enorme influencia que tenía sobre ella su confidente Choi Soon-sil, una vieja amiga de la dirigente que no tenía ningún cargo oficial. Las dos mujeres fueron acusadas, entre otras cosas, de obligar a los grandes grupos surcoreanos a pagarles miles de millones de wones a cambio de favores políticos y de despedir a los funcionarios que se oponían a sus abusos de poder.
La fiscalía, que había pedido 30 años de cárcel para Park, había recurrido la condena en primera instancia. El tribunal de apelación consideró este viernes que la expresidenta y su confidente habían “pedido dinero y favores” a las empresas y obtenido mediante la intimidación que algunas de ellas contrataran a amigos de Choi. “También obligó a altos dirigentes de empresas privadas a dimitir, cometiendo así graves abusos de los poderes de presidente que le concedió el pueblo”.
Park, que no había recurrido su condena en primera instancia, boicoteó las audiencias ante la alta jurisdicción denunciando el sesgo político de su juicio. En julio, un tribunal de Seúl la condenó a otros ocho años de cárcel por casos distintos: seis por malversación de fondos de los servicios de inteligencia surcoreanos y dos por haber intervenido ilegalmente en la designación de candidatos de su partido conservador en las legislativas de 2016.