Palocci testificó este jueves ante la Justicia en calidad de testigo de la acusación, en un caso que investiga la renovación de un decreto que prorrogó los beneficios fiscales de diversas montadoras del sector del automóvil en Brasil.
En el marco de este caso, Lula, quien se encuentra preso desde abril pasado acusado de haber recibido un apartamento con vistas al mar a cambio de sobornos, fue denunciado por la Fiscalía por el delito de corrupción pasiva.
Palocci, uno de los hombres más influyentes en los Gobiernos de Lula (2003-2010) y de su ahijada política, Dilma Rousseff (2011-2016), testificó en contra del exmandatario, a quien acusó de acordar sobornos con un grupo de cabildeo del sector automovilístico.
Una parte de las coimas fueron dirigidas a Luis Claudio Lula da Silva, uno de los hijos del expresidente y quien solicitó entre 2 y 3 millones de reales (entres 526.000 y 789.000 dólares) para llevar a cabo un proyecto deportivo, concretamente un campeonato de fútbol americano en Brasil, según Palocci.
Lula y el exministro Gilberto Carvalho fueron denunciados en septiembre del año pasado por corrupción al editar, a cambio de supuestos sobornos, una medida legislativa para favorecer a empresas del sector automotriz mediante una prórroga de los beneficios tributarios por cinco años.
En los interrogatorios ante la Justicia, Palocci ha acusado a Lula y Rousseff de diferentes delitos, que aún son investigados y pueden agravar la situación legal del expresidente, quien ya cumple una condena de doce años de prisión por corrupción y lavado de dinero por haber recibido un apartamento de la constructora OAS.
El exministro y antiguo brazo derecho de Lula fue condenado y preso por corrupción en un caso vinculado a millonarios desvíos en la petrolera Petrobras, pero firmó un acuerdo con la Fiscalía para colaborar con la Justicia y revelar sus delitos y a sus cómplices, a cambio de una reducción de su pena y otros beneficios.
Después de diversas delaciones, la Justicia brasileña redujo el pasado mes su pena de doce a nueve años de prisión y le concedió el arresto domiciliario, controlado por una tobillera electrónica.