Tras una larga batalla judicial que se prolongó durante cuatro años, el poderoso multimedios tuvo que avenirse a la ley y presentar un plan para dividirse en distintas empresas como lo establece la ley antimonopólica de medios audiovisuales aprobada en 2009.
“Hemos dado por finalizado el proceso de adecuación voluntaria de Clarín y vamos a iniciar la adecuación de oficio, esto es, el Estado tasará y venderá las unidades de negocios” , dijo Martín Sabbatella.
El titular del ente de aplicación de la norma (AFSCA) explicó en una improvisada rueda de prensa que el plan presentado por el grupo no se ajustaba a la ley.
El funcionario se refería a la propuesta presentada en febrero pasado por la empresa de medios más grande del país sudamericano, que contemplaba dividirse en seis grupos de radios y televisoras. En principio el AFSCA le había dado luz verde a la propuesta.
“Hemos estudiado el plan con nuestros equipos técnicos y concluimos que se trata de maniobras que burlan el espíritu de la ley” , sostuvo Sabbatella.
Según explicó el funcionario, la división presentada “estaba bien”, pero el problema surgió cuando entregaron los nombres de quienes iban a integrar las sociedades.
“Ahí nos dimos cuenta que no hay independencia entre las unidades de negocios. Los nombres se entrecruzan. Hay vínculos societarios entre las empresas y eso es un fraude, una burla para mantener su posición dominante”, agregó el titular del AFSCA.
El grupo mediático posee 41% del mercado de radios, 38% de la televisión abierta y el 59% de la televisión por cable, cuando el máximo en todos los casos es de 35%, según el gobierno, que ahora hará la tasación de los medios excedentarios y los someterá a licitación pública.
Por su parte, la empresa en un comunicado denunció al gobierno por “pretender apropiarse de sus medios” y defendió el plan presentado asegurando que los accionistas son “absolutamente diferentes” .
“Ante el intento del gobierno de avanzar en una arbitraria e ilegal adecuación de oficio, el Grupo Clarín recurrirá a todas las instancias que correspondan para resguardar sus derechos y el cumplimiento del plan de adecuación aprobado, que se ajusta estrictamente a la ley de servicios de comunicación audiovisual”, sostuvo.
La controversia por la constitucionalidad de la ley de medios se zanjó en 2013 en la Corte Suprema que le dio la razón al gobierno al sostener que “es legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado”.
En su nota de prensa, el multimedio rechazó “la persecución inédita del gobierno contra el Grupo Clarín y en general contra todas las voces disidentes” y dijo que “no cambiará la voluntad del Grupo Clarín de cumplir la ley ni su decisión de seguir haciendo el periodismo en el que cree” .
El grupo Clarín, el diario de mayor circulación de Argentina, posee canales de televisión, radio y redes de TV por cable en Argentina, Uruguay y Paraguay, con un volumen de negocios equivalente a 1.250 millones de dólares en 2011, último dato conocido.
A partir de la sanción de ley de medios varias empresas presentaron planes de desmonopolización y algunos están aún pendientes de aprobación por las autoridades.