El Ejecutivo explica que “no tiene prevista ninguna iniciativa legislativa” en relación a ambos colectivos, en una respuesta a un diputado socialista que preguntó sobre el asunto después de que se aprobase el año pasado dar la nacionalidad a los sefardíes -judíos de origen español descendientes de los expulsados en 1492-, propuesta que se tramita en el Parlamento.
Grupos de izquierda propusieron que en ese proyecto de ley se incluyeran también a los moriscos y a los saharauis por considerar que estos grupos son mucho menos numerosos que el de los sefardíes. Hace unos meses, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, afirmó que el reconocimiento de la nacionalidad a los moriscos es “un problema técnico a discutir” que no puede resolverse “en un cuarto de hora”, pero consideró importante “honrar la memoria de los moriscos” como parte de la herencia y tradición españolas.
Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se comprometió recientemente a encontrar un “cauce” para reconocer la nacionalidad a los saharahuis, si bien precisó que la ley que otorgará la nacionalidad a los sefardíes no es “un cajón de sastre” en el que se puedan incluir a otros colectivos.