Según fuentes judiciales, la Corte de Apelaciones de Temuco concedió la libertad a los hermanos Rodrigo y Eric Montoya y modificó su encierro por arresto domiciliario total y arraigo nacional, entre otras medidas cautelares.
A los dos se les imputan los delitos de homicidio frustrado contra policías; un cargo similar contra civiles, usurpación violenta y tenencia ilegal de municiones, después de ser detenidos cerca de la hacienda Centenario en Ercilla, situada a unos 600 kilómetros al sur de Santiago.
Los otros dos mapuches que estuvieron en huelga junto a los Montoya fueron Paulino Levipán, de 19 años, y Daniel Levinao, de 18, quienes fueron condenados el pasado agosto, por un tribunal de esta localidad, a diez años y un día de prisión por homicidio frustrado contra un carabinero y a otros 541 días por porte ilegal de arma de fuego.
Ambos se declararon en huelga de hambre para exigir la anulación de ese juicio y sus defensas presentaron con ese fin un recurso de nulidad, sobre el cual se pronunció el 24 de octubre la Sala Penal de la Corte Suprema en una sentencia unánime.
En el caso de Levinao, el máximo tribunal decidió anular la sentencia respecto al delito de homicidio frustrado contra carabineros, por considerar que hubo “ una evidente falta de fundamentación ” en el fallo, y ordenó realizar un nuevo juicio.
En tanto, en el caso de Levipán, la Corte Suprema estimó que el hecho punible no constituyó un delito de homicidio frustrado, sino solo de lesiones, por lo que determinó anular esa parte del juicio.
En este caso, sin embargo, decidió emitir de oficio una sentencia de reemplazo y lo condenó como autor del delito de “maltrato de obra” a carabineros a tres años de prisión con el beneficio de remisión condicional de la pena, similar a la libertad vigilada.
También le otorgó la remisión condicional de la pena por el porte ilegal de armas.
En los últimos años varios indígenas han protagonizado prolongados ayunos con el fin de presionar a las autoridades con distintos objetivos, como el traslado a otros penales, la suspensión de sus juicios o la no aplicación de la ley antiterrorista.
Los mapuches, que se reducen a unos 600.000 miembros y sufren altos niveles de pobreza, se concentran en La Araucanía, donde se han enfrentado desde los años 90 a empresas agrícolas y forestales por la propiedad de tierras que consideran ancestrales.