La fiscala general de la República, Raquel Dodge, lamentó el viernes esta “sucesión de catástrofes evitables. Se necesita que los organismos de control, inspección y sanción funcionen bien en Brasil”, declaró. Para el analista de riesgos Moacyr Duarte, estos dramas se debieron a “negligencias, a la falta de planificación y sobre todo a la impunidad de los responsables”.
“Mientras los verdaderos responsables no sean castigados de manera ejemplar, estas tragedias seguirán repitiéndose”, dijo a la AFP . Para Marcelo Ramos Martins, coordinador del laboratorio de análisis de riesgos de la Universidad de Sao Paulo (Labrisco), Brasil dispone de “todas las competencias técnicas necesarias” para prevenir este tipo de desastres. Pero la repetición de tragedias “demuestra que las medidas de prevención no se aplican”, concluyó. También la insuficiencia de los fondos de las diversas agencias estatales de control explica esta situación.
El estado de Minas Gerais (sudeste) fue golpeado por dos tragedias similares en poco más de tres años. En mayo de 2017, al asumir como presidente de la minera Vale, Fabio Schvartsman hizo suyo el eslogan “Mariana nunca más”, en alusión a la rotura en ese municipio de un dique que en noviembre de 2015 causó 19 muertos y provocó un desastre ambiental sin precedentes.
El 25 de enero último, sin embargo, otra represa de la misma empresa, a 120 km de Mariana, se desmoronó, con un balance mucho más pesado: 165 muertos y 160 desaparecidos, sepultados por un tsunami de barro con residuos mineros.
“Vale disponía de programas informáticos de simulación que mostraban precisamente hacia dónde el lodo podía filtrarse, en cuánto tiempo llegaría, la altura que alcanzaría. Pero ni siquiera con esa información desplazó la cantina y los edificios administrativos” hacia los que se precipitó el lodazal de más de 12 millones de metros cúbicos, señaló Duarte.
“Los dirigentes de Vale hubieran podido impedir la tragedia de Brumadinho si hubieran invertido en prevención, en vez de repartir beneficios a sus accionistas”, agregó. Las autoridades, “en vez de acusar a los verdaderos responsables, ordenaron detener a los ingenieros que habían certificado la estabilidad del dique (finalmente liberados una semana más tarde)”, lamentó.
Cada vez que en la “ciudad maravillosa” hay grandes lluvias, las favelas entran en alerta. Las precarias viviendas construidas de manera caótica en las laderas de los cerros son particularmente vulnerables a los deslizamientos de tierra. Pero los ediles locales cierran los ojos, en vez de prohibir esas construcciones en zonas peligrosas.
El ejemplo más emblemático es el de la tragedia del Morro do Bumba, que causó 48 muertes en 2010 en Niteroi, al otro lado de la bahía de Rio. “Ahí antes había una descarga. Las familias se instalaron en el terreno y la municipalidad urbanizó la zona y abrió guarderías para niños”, explica Duarte. “Los dirigentes sólo piensan en mantenerse en el poder y prefieren no tomar medidas impopulares y desalojar a la población de las zonas de peligro”.
Al año siguiente, alrededor de 1.000 personas que vivían en las montañas cariocas murieron como consecuencia de las inundaciones provocadas por temporales. La semana pasada, otros siete habitantes de Rio perdieron la vida a causa de deslizamientos de terreno en áreas consideradas peligrosas.
En enero de 2013, 242 personas, en su mayoría estudiantes, encontraron la muerte en el incendio de la discoteca Kiss, en Santa Maria (sur). El edificio no contaba con salida de emergencia. “Las autoridades no dispusieron el cierre del inmueble y nunca fueron responsabilizadas. Prefirieron cuestionar al cantante, que encendió una bengala y fue acusado de provocar el incendio”, destacó Duarte.
El viernes pasado, diez jugadores de las divisiones juveniles del popular club de fútbol Flamengo murieron en el incendio de una construcción prefabricada que disponía únicamente de una puerta de acceso. En los últimos años, la municipalidad de Rio había impuesto varias multas al club, que carecía del certificado habilitante de los bomberos.