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Sin embargo, en las últimas semanas, los argentinos se han quedado pasmados por una serie de acontecimientos súbitos en una enorme pesquisa por corrupción: al menos veintiséis arrestos de actores importantes, con quince de los detenidos aún en prisión.
Esta serie de arrestos fue seguida rápidamente por una carrera sin precedentes entre quince empresarios prominentes y dos políticos de alto rango para llegar a acuerdos con los fiscales, comprometiéndose a contar todo lo que saben.
Luego, la semana pasada, los investigadores allanaron propiedades de Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina.
“Todo este proceso es completamente nuevo en Argentina”, dijo Manuel Garrido, un exfiscal anticorrupción que renunció en 2009 a modo de protesta después de que muchos de sus casos llegaran a un punto muerto. “Realmente no tenemos idea de a dónde nos puede llevar”.
La investigación actual comenzó cuando un juez obtuvo unos cuadernos que contenían meticulosos registros llevados por Óscar Centeno, el exchofer de un poderoso funcionario del Ministerio de Planificación, quien recogió y entregó bolsas llenas de dinero por toda la ciudad.
Desde que las noticias sobre los cuadernos se hicieron públicas, poderosos personajes del mundo empresarial y del gobierno implicados en el escándalo han hablado, ofreciendo a los fiscales descripciones de un vasto sistema de sobornos que implica contratos oficiales que habrían proliferado durante las administraciones del expresidente Néstor Kirchner y de su viuda y sucesora, Cristina Fernández, quien gobernó el país de 2003 a 2015.
Los cuadernos y otras pruebas relacionadas expusieron una “organización delictiva conformada por funcionarios”, dirigida por los Kirchner y el exministro de Planificación Julio De Vido, que “entre los años 2008 y 2015 buscó el pago de sumas ilegales de dinero de numerosos ciudadanos, muchos de ellos contratistas de obras públicas”, señala un informe publicado el viernes en la noche por la corte de Claudio Bonadio, un juez federal, que conduce la investigación.
Los argentinos han estado tan cautivados por las revelaciones desde que surgieron los cuadernos a finales de julio que el presidente Mauricio Macri comparó el caso con una serie de televisión adictiva.
“Esto es superior a ver Netflix”, dijo Macri, rival político de Fernández, en una entrevista reciente con CNN en español.
Una serie de arrestos por cargos de corrupción, incluyendo a el exvicepresidente Amado Boudou y al exministro de Planificación Julio de Vido, fue lo primero que llamó la atención del país en los últimos meses.
Pero lo que ha mantenido a los argentinos absortos son las colaboraciones a gran escala de figuras tan conocidas, ya que se trata de algo nuevo. Estos acuerdos legales son posibles desde hace poco gracias a una ley firmada en noviembre de 2016, que estableció un mecanismo por el cual los sospechosos de crímenes pueden negociar su indulgencia a cambio de cooperar con los funcionarios judiciales.
Conocida como la “ley del arrepentido”, esta norma permitió acuerdos de reducción de penas en varios crímenes, incluyendo corrupción, narcotráfico y tráfico humano.
Un cambio similar en los procedimientos criminales en Brasil preparó el camino para la investigación Lava Jato, que condujo al existoso juzgamiento de decenas de políticos y empresarios poderosos, incluyendo al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple una sentencia de doce años.
Las investigaciones que surgieron a partir de los cuadernos de Centeno, que contenían listas de nombres de contratistas, funcionarios y otros, parecían hechas a medida para la nueva ley, dijeron los expertos.
Las confesiones de delitos comenzaron como un goteo: los líderes empresariales fueron los primeros en hablar, entre ellos un primo de Macri, Ángel Calcaterra. Los reportajes publicados señalaron que estos empresarios primero habían tratado de explicar que el efectivo se trataba solo de contribuciones forzadas para campañas.
Pero luego se apuraron a hablar con las autoridades.
“Los líderes empresariales de Argentina sencillamente no están acostumbrados a explicar sus acciones en la corte”, dijo Natalia Volosin, una abogada argentina que se especializa en corrupción. “Tan pronto como vieron que existía el riesgo de ir a prisión, comenzaron a hablar, y eso cambió todo”.
Un punto de inflexión clave fue cuando se conoció que Carlos Wagner, quien condujo la Cámara de la Construcción Argentina, había divulgado a los investigadores que hasta el 20 por ciento del valor de los contratos de obras públicas era canalizaba de vuelta a los funcionarios que aprobaban los contratos.
Los contratistas de transporte público describieron una regla tácita similar: en su caso, según publicaron los medios, implicaba regresar el cinco por ciento de los subsidios del transporte público a los funcionarios de gobierno que los aprobaban.
En un cálculo grueso del costo de toda esta corrupción, Ariel Coremberg, profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires, estimó que la cantidad total de sobornos pudo haber sumado un total de al menos 36.000 millones de dólares entre 2004 y 2015.
“Los sobornos eran como un impuesto adicional que aumentaba el costo total de cualquier proyecto o inversión”, dijo Coremberg.
Las encuestas sugieren que muchos argentinos, en particular algunos de los simpatizantes de Fernández de Kirchner, desconfían de la imparcialidad de los fiscales. La expresidenta ha sido acusada por varios casos de corrupción desde que terminó su mandato en 2015, y con frecuencia ha declarado que el actual gobierno está usando al poder judicial con fines políticos.
Fernández de Kirchner es senadora, lo que le confiere un cierto grado de inmunidad. En un feroz discurso de 45 minutos ante el Senado, que votó de manera unánime el miércoles para permitir los cateos en sus casas, Fernández pareció sugerir que la corrupción era una forma de vida en Argentina, que los precedía a ella y a su esposo, y que continuará durante el gobierno de Macri.
El martes pasado por la noche, en una protesta donde miles de ciudadanos se manifestaron afuera del Congreso y en todo el país para exigir que termine la inmunidad de Fernández, hubo optimismo acerca de que este escándalo podía marcar un antes y un después en la política argentina.
“Esto ya no puede seguir encubriéndose”, dijo Patricia Basaldúa, psicóloga de 59 años. “Es demasiado grande”.