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En el juicio real, el gobierno de Estados Unidos está procesando a Joaquín Guzmán Loera, quien está acusado de ser uno de los narcotraficantes más grandes del mundo. Según los fiscales, Guzmán, conocido como el Chapo, obtuvo hasta 14.000 millones de dólares como dirigente del Cártel de Sinaloa, una fortuna que supuestamente protegió con sobornos exorbitantes y un ejército de asesinos profesionales.
Sin embargo, en una suerte de segundo juicio, los abogados de Guzmán básicamente están encausando al gobierno de México. Según lo que dicen, la policía y los políticos del país no solo son corruptos, sino que también han conspirado durante años con el socio de Guzmán, Ismael Zambada García, para incriminar al Chapo a cambio de cuantiosos sobornos.
Al juez Brian M. Cogan le han encargado asegurarse de que el primero de estos juicios siga avanzando y que ponga un alto al segundo. Dadas las susceptibilidades involucradas y la gran atención por parte de los medios, ha llevado a cabo gran parte de los procedimientos en secreto.
Todo comenzó el miércoles de la semana pasada, cuando el juez sostuvo una conversación privada con la defensa y los fiscales para hablar acerca de si debía permitirse que los abogados de Guzmán siguieran adelante con sus alegatos respecto de que Ismael Zambada había sido la verdadera mente maestra del cártel. La defensa le informó al juez que el primer testigo principal del gobierno, Jesús Zambada García, el hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, testificaría, si se lo pedían, acerca de una revelación escandalosa: que su hermano una vez le ordenó que sobornara al presidente “en funciones” de México.
Aunque el intercambio ocurrió en privado, algunos periodistas obtuvieron una transcripción y, el viernes por la noche, se divulgó el rumor de que un testigo en el juicio del Chapo acusaría a un presidente mexicano de aceptar sobornos. Entonces comenzó un juego complicado en el que aquellos que siguen la política mexicana intentaron adivinar de qué presidente se trataba a partir de los comentarios crípticos que se escucharon en la corte.
¿Acaso había sido Enrique Peña Nieto?
O quizá la defensa se había equivocado y en realidad se trataba del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Cuando el tribunal se reunió de nuevo el lunes, la audiencia esperó en suspenso cuando Zambada subió al estrado y mientras confesaba alegremente los secretos del Cártel de Sinaloa y revelaba el entramado interno de las operaciones de Guzmán. No obstante, aunque confesó crímenes sorprendentes —admitió, por ejemplo, que pagó personalmente 300.000 dólares en sobornos cada mes, durante años—, jamás mencionó nada sobre haber sobornado a un presidente mexicano.
El lunes por la noche, a tan solo unas horas de que se iniciara el último día de Zambada en la corte, el gobierno presentó un memorando misterioso que, de acuerdo con su título, fue diseñado para “limitar el interrogatorio de la defensa”. El memorando, que se presentó sellado, indignó a la defensa. También hizo que los asistentes al tribunal se preguntaran si en efecto se relataría la historia sobre el presidente corrupto.
Este martes, en cuanto se reanudó la sesión en la corte, el juez Cogan habló del memorando secreto en una segunda conversación privada, que también se llevó a cabo en secreto. El tema al parecer era tan confidencial que de inmediato puso hizo sellar su transcripción.
No fue sino hasta después de que la conversación privada terminara que el juez Cogan dio una explicación ambigua sobre lo que estaba pasando.
Desde el tribunal, dijo que estaba de acuerdo con los fiscales y que limitaría las preguntas que los abogados de Guzmán podían hacerle a Zambada en el contrainterrogatorio. También dijo que lo que pudiera saberse a partir de una línea de indagación más amplia no superaba la necesidad de “proteger a individuos y entidades” que no estaban involucrados directamente en el caso y “que resultarían avergonzados” si se permitía que Zambada testificara sin restricciones.
El juez Cogan jamás identificó a esos “individuos y entidades” y, puesto que selló la transcripción, el gobierno y la defensa no pudieron abordar el tema. Sigue siendo un secreto quiénes son y por qué podrían resultar avergonzados.
En la audiencia del martes, Jesús Zambada dijo que Genaro García Luna, uno de los principales funcionarios de la policía mexicana, fue una de las personas que aceptó sobornos. Dijo que en dos ocasiones se reunió con García Luna en un restaurante y que en ambas reuniones le dio un portafolio con por lo menos tres millones de dólares en efectivo.
México desde hace mucho ha estado plagado de problemas de corrupción y muchos en el país no se mostraron en absoluto sorprendidos de que surgieran ese tipo de historias, a miles de kilómetros, en el juicio contra el Chapo en Brooklyn.
“Tal vez el mundo esté sorprendido, pero para nosotros no es nada nuevo”, dijo Fernanda Hernández, una secretaria de 23 años que vive en Ciudad de México. “Conocer los procedimientos internos de la corrupción en sus más altos niveles es algo que por algún motivo nos resulta bastante evidente a nosotros”.
Todo el hermetismo fue congruente con la manera en que el caso de Guzmán se ha manejado desde el inicio. En los últimos meses, los fiscales le han enviado más de una decena de cartas secretas al juez Cogan. Muchos de sus argumentos previos al juicio se presentaron mediante mociones selladas o editadas.
Con el permiso del juez, los fiscales incluso han prohibido que los dibujantes de la corte tracen los rostros de algunos de los testigos para tratar de no poner en riesgo su seguridad.
Para justificar estas medidas, el gobierno ha afirmado que Guzmán —que escapó dos veces de prisión y que, según los fiscales, ordenó miles de asesinatos en su país de origen— representa un riesgo mayor de seguridad. Los fiscales han dicho que se requiere cierto nivel de secretismo para resguardar tanto a los testigos como al público general.
Mucho antes de que comenzara el juicio, los abogados de Guzmán se quejaron del hermetismo. Criticaron el hecho de que el gobierno ha enviado en repetidas ocasiones cartas privadas al juez, que no les permiten ver, y dicen que las misivas les impiden montar una defensa adecuada. Más de una vez, los abogados han descrito el caso como “un juicio de emboscada”.
Sin embargo, a pesar de sus argumentos, el hermetismo ha continuado.
El martes por la noche, unas horas después de que terminara la sesión de la corte, los fiscales le presentaron otro memorando al juez Cogan. A nadie sorprendió que estuviera bajo sello.