Los dos grupos independentistas de la Cámara aprobaron con 72 votos favorables de 135 una resolución donde declaran “el inicio del proceso de creación del Estado catalán” que “no se supeditará a las decisiones del Estado español”. El resultado de la votación fue recibido con un largo aplauso de los nacionalistas, mientras que algunos diputados antiseparatistas desplegaron grandes banderas catalanas y españolas.
“Damos inicio a un nuevo Estado (...) Esto ya no tiene freno”, aseguró durante el debate parlamentario el diputado Raül Romeva, de la transversal coalición independentista Juntos por el Sí, del presidente en funciones Artur Mas. Tras las elecciones regionales del 27 de septiembre obtuvieron 62 diputados que, junto a los 10 escaños obtenidos por los independentistas de extrema izquierda de la CUP, les sirvieron para aprobar esta resolución.
También deben encontrar un acuerdo para formar el nuevo gobierno y, sobre todo, para elegir a su presidente. El principal candidato es Artur Mas pero necesita del apoyo de la CUP, que lo rechaza por su liberalismo y los escándalos de corrupción en su formación CDC. Por la tarde se iniciará el debate al respecto y las posiciones se mantienen muy alejadas. Si no hay acuerdo antes del 9 de enero, la región deberá celebrar nuevas elecciones.
Estas diferencias ideológicas no fueron obstáculo para tirar adelante “este acto de ruptura”, tal y como lo definió la diputada de la CUP Anna Gabriel. “Es el desafío más grande que hemos tenido en la democracia en los últimos 30 años”, aseguró la líder de la oposición, Inés Arrimadas, del partido centroliberal Ciudadanos. “Esto tiene tan poco sentido que no han sido capaces de convencer a una mayoría de catalanes”, añadió.
De hecho, a pesar de la mayoría parlamentaria, los independentistas solo obtuvieron un 48% de los sufragios de las elecciones, presentadas como un plebiscito sobre la secesión ante la negativa del gobierno español de Mariano Rajoy a conceder un referéndum en la región.
Desde Madrid, Rajoy ya anunció que impugnará de inmediato la resolución ante el Tribunal Constitucional. Su aceptación a trámite por parte del tribunal implicaría su suspensión automática. Los independentistas “no van a romper nada”, aseguró Rajoy este sábado.
Su movimiento cuenta con el beneplácito del partido socialista PSOE y del centroliberal Ciudadanos que, a pesar de las elecciones legislativas del 20 de diciembre, decidieron aparcar sus diferencias para hacer frente común ante la secesión. Sólo el partido de izquierda Podemos se desmarcó, defendiendo un referéndum de autodeterminación para resolver este conflicto que marcará la campaña y la próxima legislatura.
Sin embargo, la propia resolución advierte que el parlamento regional no se supeditará a las decisiones de este Tribunal mientras dure este proceso, que debería culminar en 2017 con un referéndum para aprobar la constitución del nuevo país. La resolución incluye también un llamamiento a renegociar la abultada deuda de la administración pública y a iniciar inmediatamente la construcción de una administración tributaria independiente.
Ante tal desafío, inaudito en la democracia española, el gobierno español aprobó recientemente una reforma del alto tribunal que le permitiría inhabilitar a aquellos dirigentes que desobedezcan sus sentencias y desde hace semanas plantea la posibilidad de suspender la autonomía catalana.
“En Cataluña tenemos el presupuesto regional más alto de España y más competencias que ninguna otra región de Europa. Ustedes lo están poniendo todo en riesgo en un acto irresponsable”, dijo el líder del PP regional, Xavier García Albiol. Esta declaración culmina una escalada de tensión entre Barcelona y Madrid desde 2010, cuando el Tribunal Constitucional recortó ampliamente las competencias adquiridas por Cataluña en un estatuto regional aprobado en 2006, frustrando las aspiraciones de un mayor autogobierno dentro de España.
El independentismo, antes minoritario, creció exponencialmente a la sombra de la crisis económica y desde 2012 reclamó insistentemente un referéndum sobre la independencia de esta región de 7,5 millones de habitantes y con una quinta parte de la riqueza española.