MÉXICO. El brutal ataque de policías corruptos de Iguala (Guerrero, sur) y narcotraficantes contra los jóvenes la noche del 26 de septiembre estremeció dentro y fuera de México y generó una ola de protestas sin precedentes.
Pero mientras la desesperación de los padres y su desconfianza hacia el gobierno ha ido aumentando con el paso de los meses, el crimen perdió espacios en la prensa y la participación cayó en las marchas.
Este domingo, los familiares -que también han llevado sus protestas a Estados Unidos y Europa- convocaron en la capital a una jornada artística y cultural llamada “Voces por Ayotzinapa”, en la que participaron apenas un centenar de personas y hubo pronunciamientos de defensores de derechos humanos e intervenciones de música, danza y poesía.
La idea era “informar a los ciudadanos que el movimiento de los padres de familia continúa en la lucha, continúa con la exigencia de que se haga justicia, que se esclarezcan los hechos y, sobre todo, que presenten con vida a los 43 estudiantes”, dijo a la AFP Melitón Ortega, tío de uno de los muchachos.
Entre los participantes estaba Daniel Cobos, estudiante de sociología de 26 años, que reconocía su tristeza por la poca concurrencia al acto, al que más tarde le siguió una marcha por el céntrico paseo de la Reforma con un millar de manifestantes.
“La indignación todavía se siente, no se está manifestando tanto porque el gobierno ha pretendido cerrar el caso en un intento de dar la sensación de que ya no hay nada más que hacer. Eso impacta en la sociedad y es justo por lo que nosotros no debemos tirar la toalla”, señaló el joven.
Para el analista político José Antonio Crespo, del prestigioso Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), “es natural que un movimiento con esa intensidad se vaya agotando” porque “la gente se empieza a cansar, empiezan a tener otras cosas (que atender) y salen otros temas” de violencia.
Sin embargo, en Chilpancingo, la capital de Guerrero, donde las protestas se han mantenido con más fuerza y virulencia, unos 800 manifestantes marcharon este domingo para exigir justicia y acabaron atacando con piedras y cócteles molotov la sede del Congreso estatal y quemando seis camionetas frente al edificio.
Algunos manifestantes chocaron brevemente con policías del estado, sin que haya heridos de gravedad.
Los familiares de los jóvenes desaparecidos, que se formaban para ser maestros rurales, siguen sin creer en la investigación oficial de la fiscalía, que concluyó que fueron entregados por la policía de Iguala a narcotraficantes y que éstos los incineraron en un basurero cercano y arrojaron las cenizas a un río.
Los sicarios del cártel Guerreros Unidos habrían masacrado a los estudiantes por pensar que entre ellos había infiltrados de un grupo rival, dijo la dependencia.
El entonces fiscal general, Jesús Murillo Karam, aseguró que ésta es la “verdad histórica” del crimen, sustentada en los testimonios del centenar de detenidos y pruebas recogidas en el terreno.
Sin embargo, sólo se ha podido determinar científicamente la muerte de uno de los 43 estudiantes, identificado entre los escasos restos humanos hallados en la zona, por lo que Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideraron precipitadas las conclusiones del fiscal.
Los padres acusan al gobierno, con el que han roto el diálogo, de querer dar carpetazo al caso e intentar que quede en el olvido.
Pese al desgaste, la lucha de las familias ha logrado varias metas.
Una de ellas fue el acuerdo con el gobierno para que expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viajaran a México y estén investigando el crimen y la propia actuación de la fiscalía.
Además, las familias convirtieron las desapariciones en un parteaguas para el gobierno de Peña Nieto (2012-2018) , que por primera vez empezó a recibir fuertes críticas nacionales e internacionales.
“Hubo un costo político para el gobierno en términos de imagen, de credibilidad”, estima Crespo.