“El registro de víctimas es una de las medidas de reparación” que el mandatario salvadoreño, Mauricio Funes, anunció el pasado 16 de enero, durante el acto de conmemoración del XX aniversario de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil que vivió el país entre 1980 y 1992, detalló Casa Presidencial en un comunicado.
El levantamiento de datos se inició el lunes pasado en Arambala, departamento de Morazán, fronterizo con Honduras, indicó la información oficial.
“Este proceso (...) es histórico, no tiene precedentes en la región, sentará un esfuerzo único en nuestro país en favor de las víctimas”, aseguró el director de Derechos Humanos de la Cancillería salvadoreña, David Morales, según el boletín oficial.
Morales añadió que es “un momento histórico” porque el Gobierno actual, en manos del la extinta guerrilla y ahora partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), “rompe esa posición de negación de la historia, decide aceptar su responsabilidad y reconocer los derechos inderogables de las víctimas sobrevivientes”.
En las próximas seis semanas, 44 encuestadores de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) realizarán visitas en el caserío El Mozote, ubicado en Morazán, unos 201 kilómetros al noreste de San Salvador, y las zonas aledañas, detalló el documento.
El registro también se llevará a cabo en San Salvador, Lourdes (centro), San Miguel y San Francisco Gotera, ambos en el oriente del país, debido a que, según relatos de sobrevivientes, hacia esos lugares emigraron otras víctimas y familiares de ellas.
El censo servirá como una herramienta para continuar con la agenda de reparaciones en materia de apoyo a la producción, programas de salud y educación, que se ha conformado en diálogo con las víctimas, precisó el coordinador de la Unidad de Diálogo Social de la Secretaría Técnica de la Presidencia, David Mena, según el boletín.
El Gobierno salvadoreño ya instaló servicios de atención médica y psicológica para las víctimas de la masacre, y además ha habilitado un aula informática en El Mozote, como parte de las medidas de reparación anunciadas por Funes, detalló el documento.
Funes ha pedido perdón por la masacre, considerada como una de las más grandes contra civiles de la historia contemporánea de Latinoamérica.
Al menos 936 personas, 450 de ellas niños menores de 13 años, fueron asesinadas en 1981 en El Mozote y caseríos aledaños, en el contexto de la guerra civil que dejó unos 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y 12.000 lisiados en El Salvador.