Evocada apenas semanas después de la llegada al poder del gobierno socialista en junio, la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, un complejo faraónico a 50 km de Madrid, sigue sin concretarse.
Muerto hace 43 años, Franco reposa en una tumba siempre cubierta de flores dentro de una basílica horadada en la montaña por miles de presos políticos, donde también fueron enterrados, en vida del “generalísimo”, 37.000 víctimas de la Guerra Civil (1936-1939).
Si bien la portavoz del Gobierno español, Isabel Celáa, garantizó este jueves que “el año 2019 arrancará sin contar España con un dictador que pueda ser enaltecido en un lugar público”, la exhumación enfrenta todavía obstáculos.
“Me parece difícil que lo consigan, porque el Gobierno está insistiendo en asegurar que respetará todos los procedimientos”, dice a la AFP la historiadora Carme Molinero. Celáa enumeró las etapas restantes de la maratón burocrática: entrega de un proyecto de exhumación al municipio donde se encuentra el mausoleo, solicitud de un informe a la región que tarda un mes... Pero la principal batalla es con los descendientes del general que gobernó España con mano de hierro entre 1939 y 1975, que han introducido una serie de recursos ante la justicia.
Sánchez pensó haber ganado la partida a fines de agosto, cuando los siete nietos de Franco dijeron que se encargarían de los restos si la exhumación tenía lugar. También se congratuló en septiembre del “paso histórico” que representó la aprobación en el Congreso de los diputados del decreto autorizando la exhumación.
Pero a fines de octubre los herederos de Franco anunciaron su intención de dar a los restos “cristiana sepultura” en la catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid, donde está enterrada su madre, la hija del dictador, en una cripta privada.
“Si llevas a Franco a La Almudena estás todavía más normalizando la dictadura”, estimó Alejandro Quiroga, profesor de historia española en la universidad británica de Newcastle.
“Está dentro de una catedral, está en el centro de Madrid, está al lado de la plaza de Oriente donde él daba sus discursos”, señaló, en referencia al lugar donde los nostálgicos de la dictadura se reúnen cada año para conmemorar el aniversario de su muerte el 20 de noviembre. Es “una muestra de debilidad democrática que una familia de un dictador (...) esté de tú a tú con un gobierno”, se indigna Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
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El gobierno socialista se vio obligado a proponer una reforma de la ley de memoria histórica para impedir la inhumación del dictador en un lugar público, pero la oposición de derecha podría bloquear este proceso, destaca la prensa española.
La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, viajó a fines de octubre al Vaticano para tratar el asunto, sin lograr que la Iglesia católica se comprometiera a impedir que los restos de Franco terminen en la catedral. “Hay una falta de preparación por parte del gobierno (...) que se ha metido en un lío”, dice Quiroga. “Desde luego no pensaba que pudiera ir en esa dirección”.
Y a estas alturas al gobierno de Sánchez le sería muy difícil dar marcha atrás con el gesto simbólico de la exhumación, exigido por el electorado de izquierda. El partido de izquierda radical Podemos amenazó con no apoyar el presupuesto del Estado si Franco es inhumado en la catedral. “Lo importante es que no tenga una posición de privilegio. Pero después, puede estar en cualquier sitio que la familia determine”, opina Carme Molinero.