La sentencia, sobre la mayor catástrofe medioambiental ocurrida en España, establece que no existe responsabilidad penal y exculpó de los destrozos de la marea negra a los tres acusados, uno de ellos el jefe de máquinas Nikolaos Argyropoulos, aunque sí condenó al capitán del buque, Apostolos Mangouras, a nueve meses de prisión por un delito de desobediencia grave.
Asimismo, ha sido absuelto el exdirector de la Marina Mercante José Luis López Sors, acusado del rumbo “errático” que siguió el petrolero durante seis días antes de hundirse, al considerar que no provocó el desastre sino que trató de solucionarlo y evitar daños materiales y humanos, y añadir que casi todos los expertos coinciden en que la decisión inicial de alejamiento del buque fue correcta.
“Nadie puede señalar lo que se debería haber hecho” para evitar la catástrofe y “no hay acuerdo aún hoy sobre lo que se debería hacer si se repitiese la situación”, ha apostillado el presidente del tribunal de la Audiencia de La Coruña, quien ha recalcado que los informes técnicos son “contradictorios”.
Tras indicar que el accidente se produjo por un fallo estructural cuyo origen “nadie puede precisar”, Pía ha señalado que la administración española “no provocó sino que gestionó con profesionalidad y adecuación” el siniestro.
Según el fallo, se realizaron inspecciones y reparaciones, y la entidad ABS certificó la habilidad del buque para navegar con normalidad, pero pese a eso el fallo estructural no tuvo ningún otro origen que las deficiencias de mantenimiento y control de la conservación del buque.
Dichas deficiencias, continúa, no respondían a vicios que pudieran observarse directamente, sino que dependían de análisis técnicos complejos que no se efectuaron con la debida profesionalidad, eficacia y prudencia.
Así, y dado que “no se demostró que los acusados quisieran hundir el buque, ni que conocieran sus deficiencias estructurales ni las causas de estas”, los tripulantes del Prestige no actuaron dolosamente y su imprudencia relativa, en caso de existir, ni fue eficiente ni se demostró y en ningún caso fue grave.
El 19 de noviembre de 2002, tras seis días a las deriva frente a Fisterra (La Coruña), el buque, cargado con 77.000 toneladas de fuel pesado y que operaba bajo la bandera de Bahamas, se partió en dos y se hundió provocando un inmenso vertido que anegó las costas de Galicia y afectó a más de 1.700 kilómetros de litoral, desde Portugal hasta Francia.
La Fiscalía solicitaba una indemnización de 4.328 millones de euros por estos daños, pero la sentencia exime al Gobierno español de sufragarlos después de que López Sors haya sido absuelto.
En este sentido, considera acreditado el delito de desobediencia del capitán pero añade que “de este no se deriva o con éste no se causaron los daños y perjuicios derivados del vertido del Prestige, con independencia de la en buena parte cumplida acreditación de ingentes daños y perjuicios”.
Así las cosas, es probable que el Estado español tenga que emprender otro proceso judicial para cobrar los daños causados por la catástrofe al no ser condenados los dos marinos máximos responsables del barco, pues ni la aseguradora London P&I Club ni la armadora Mare Shippingson son responsables subsidiarias.
La armadora del barco depositó en el juzgado de Corcubión una fianza de 22 millones de euros, el límite máximo establecido por la legislación entonces.
Y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC) ha pagado en indemnizaciones 120 de los 151 millones a abonar a los afectados por la marea negra, una cantidad que era la máxima establecida en 2002 por contaminación de hidrocarburos, pero la catástrofe del 'Prestige' hizo revisar esta normativa y en la actualidad esa cifra rondaría los mil millones.
Este suceso desencadenó la mayor respuesta solidaria de la sociedad civil en España frente a una catástrofe medioambiental, con miles de voluntarios de todo el país que se trasladaron a Galicia para ayudar a limpiar a mano el crudo esparcido por las playas y rocas de la costa afectada.