En medio de este caos, Mohamad Esthewi, alcalde de Misrata, la tercera ciudad más poblada de Libia, fue secuestrado y asesinado el domingo pasado.
Libia es un importante punto de paso para numerosos migrantes que tratan de alcanzar Europa por el Mediterráneo. El país está desgarrado entre poderes políticos rivales desde la caída de la dictadura de Muamar Gadafi en 2011.
En diciembre de 2015, la firma en Skhirat (Marruecos) de un acuerdo auspiciado por la ONU permitió la formación de un gobierno de unión nacional (GNA) y avivó la esperanza de una vuelta progresiva a la estabilidad.
Pero, según expertos, este acuerdo ha reforzado las divisiones.
“Creo que nunca ha sido una verdadera solución”, afirma a la AFP Federica Saini Fasanotti, de Brookings Institution, con sede en Washington. Y fue la “pérdida de un tiempo valioso, porque el pueblo libio nunca reconoció el acuerdo”.
Desde su instalación en Trípoli en marzo de 2016, el GNA nunca consiguió unanimidad, ni tampoco impuso su autoridad en zonas del país que siguen bajo control de decenas de milicias. Sus rivales ponen en entredicho su legitimidad.
Aducen que asumió sus funciones sin haber obtenido la confianza del Parlamento electo en 2014 -con sede en el este (Tobruk)-, en contra de lo estipulado en el acuerdo de Skhirat.
El GNA, dirigido por Fayez al Sarraj, se enfrenta a la hostilidad del parlamento y del gobierno paralelo apoyado por las fuerzas del polémico mariscal Jalifa Haftar, instalado asimismo en el este de Libia (Al Bayda).
Este “gobierno de unidad” puede debilitarse aún más con la expiración de su mandato, el 17 de diciembre. El acuerdo de Skhirat preveía mantener al Ejecutivo por un mandato de un año, renovable una vez.
Esta semana, el mariscal Haftar estimó que la fecha del 17 de diciembre marcaba “un giro histórico y peligroso” con “la expiración del acuerdo político libio”.
“Todos los cuerpos surgidos de este acuerdo pierden automáticamente su legitimidad”, alegó. Saini Fasanotti estima, por el contrario, que el final del mandato del GNA no cambia gran cosa: “El GNA nunca ha sido un verdadero actor político en Libia”.
El mariscal Haftar, acusado por sus detractores de querer tomar el poder e instaurar una dictadura militar, quería aprovechar el final del mandato del GNA para dar “un golpe” de fuerza, afirma un responsable del gobierno Sarraj.
“Pero las amenazas directas de la comunidad internacional lo disuadieron”, declaró a la AFP este responsable que pidió el anonimato.
El mariscal Haftar lo dio a entender el domingo, afirmando que fue “amenazado con medidas internacionales firmes” si tomaba iniciativas fuera del marco establecido por la comunidad internacional y la ONU.
El Consejo de Seguridad de la ONU afirmó que el acuerdo de Skhirat sigue siendo para él “el único marco viable para poner fin a la crisis política en Libia”, en espera de elecciones previstas en 2018.
Según Isandr El Amrani, del International Crisis Group (ICG), el mariscal no dispone “de la fuerza o de apoyo suficiente” para hacerse con el poder en toda Libia.
“Sobre todo se ve confrontado a una fuerte oposición en el oeste, en particular en Misrata” (200 km al este de Trípoli), donde se encuentran los grupos armados más poderosos de Libia.
El nuevo enviado especial de la ONU, Ghasan Salamé, apuesta por la convocatoria de elecciones en 2018, pero los analistas temen que no sean la panacea. Según Fasanotti, “incluso pueden ser un arma de doble filo, agravando las divisiones entre (bandos) rivales. No estoy segura de que sea la mejor solución”.
“Sin una mejora de la relación entre Haftar y el oeste, en particular Misrata, será difícil celebrar elecciones creíbles”, lamentó Amrani.
Mohamad al Qataani, un profesor universitario libio, es más radical. Ve dos salidas a la crisis: “O todo el mundo acepta el plan de Salamé o se esboza una solución militar entre los dos polos del conflicto, por un lado las fuerzas del mariscal Haftar y por otro las de Misrata”.