“No existen planes de ocupaciones permanentes”, afirmó el comandante militar en su primera rueda de prensa, en la que ofreció pocos detalles sobre las operaciones que realizarán los militares para detener la ola de criminalidad que afecta este estado desde los Juegos Olímpicos de 2016.
El oficial, que no anunció planes ni operaciones, agregó que los militares reforzarán el sistema de seguridad de Río con acciones puntuales y por tiempo determinado, ya que la intención de la intervención es recuperar la capacidad operativa de la Policía.
“El objetivo es lo que está en el decreto presidencial: recuperar la capacidad operativa de los órganos de seguridad pública y bajar los índices de criminalidad”, afirmó en una rueda de prensa de menos de 30 minutos que dejó muchas dudas.
“La intención es recuperar la credibilidad de la Policía. Necesitamos que los órganos de seguridad entiendan la intervención como una oportunidad para ayudarlos a superar los problemas que enfrentan”, agregó Braga Netto, e insistió en que su objetivo es reforzar y equipar a la Policía, actualizar y mejorar los salarios de los agentes e invertir en seguridad.
La intervención en la seguridad de Río de Janeiro, una medida inédita desde la promulgación de la constitución de 1988, fue decretada por el presidente Michel Temer el 17 de febrero y refrendada después por la Cámara de Diputados y el Senado.
La decisión cede a los militares el control de la seguridad en el estado de Río hasta finales de 2018 tras la ola de violencia que el año pasado causó 6.731 muertes, entre las que se cuentan las de más de 100 policías y 10 niños alcanzados por las llamadas “balas perdidas”.
“No voy a negar que hay violencia en Río de Janeiro, pero hay que dejar claro que el sistema de seguridad está pasando por dificultades pero no dejó de funcionar”, afirmó.
Al ser interrogado sobre la corrupción policial, el general afirmó que su intención es “fortalecer los órganos de fiscalización y tomar las medidas necesarias para que el buen profesional sea valorizado y el malo penalizado”.
Según estadísticas divulgadas la víspera por la Fiscalía, el 20% de las 5.219 personas denunciadas en los últimos años por vínculos con el crimen organizado en Río de Janeiro son miembros de organismos de seguridad.