La prensa egipcia informó hoy de que las fuerzas de seguridad están en alerta y preparadas para hacer frente a cualquier intento de sabotaje o actos violentos por parte de los seguidores del ex grupo gobernante de los Hermanos Musulmanes, tal y como destacó el diario estatal Al Ahram en su portada.
Mientras, el rotativo Al Ajbar, también estatal, citó al Ministerio del Interior, el cual anunció que no permitirá manifestaciones no autorizadas y ha diseñado un “plan de seguridad completo” para evitar “el caos y actos de violencia”.
La Policía egipcia ha intensificado su presencia en las principales calles y plazas de El Cairo, como la céntrica plaza Tahrir y la plaza de Al Nahda, donde se encontraba la más pequeña de las dos acampadas islamistas desmanteladas hace dos años.
La plaza de Rabaa al Adauiya, donde fallecieron la mayor parte de las víctimas que pedían la restitución del expresidente Mohamed Mursi, fue rebautizada recientemente como la plaza Hisham Barakat, el fiscal general asesinado en un atentado el pasado 29 de junio.
Por su parte, la máxima autoridad religiosa egipcia Dar al Ifta, encargada de emitir los edictos islámicos, advirtió de que las protestas no pacíficas están prohibidas por la religión y pidió a los ciudadanos que se abstengan de salir a la calle.
También el Ministerio egipcio de Asuntos Religiosos dijo que la participación en las protestas convocadas por los islamistas son “una traición a la patria y a la religión” y amenazó con expulsar a sus funcionarios que participen en dichas manifestaciones.
Los Hermanos Musulmanes convocaron manifestaciones para recordar la denominada como masacre de Rabaa y pidió a sus partidarios que sigan manifestándose hasta finales del mes de agosto de forma pacífica. El grupo también ha lanzado una campaña de solidaridad en internet para que “la mayor matanza de la historia de Egipto” y sus víctimas no caigan en el olvido.
Asimismo, denunció en un comunicado que “dos años después de la masacre, la sangre inocente sigue siendo vertida en las calles por las milicias de la junta militar y en los centros de detenciones de Egipto”.
Desde el derrocamiento de Mursi a manos de los militares el 3 de julio de 2013, miles de seguidores, miembros y líderes de la Hermandad han sido encarcelados y el grupo denuncia que muchos de ellos han muerto torturados.
Por otra parte, Human Rights Watch (HRW) alertó en un comunicado que, dos años después, ningún representante del Gobierno egipcio ni de las fuerzas de seguridad ha rendido cuentas por la muerte de al menos 817 personas, según los cálculos de la ONG.
Por ello, HRW pidió que la ONU establezca una comisión de investigación independiente, ante el rechazo de las autoridades egipcias de investigar los hechos.
El 14 de agosto de 2013, policías y militares irrumpieron en las acampadas islamistas, fuertemente armados, con excavadoras y otros vehículos pesados, y dejaron cientos de muertos y heridos en pocas horas.
Las autoridades dijeron en su momento que los manifestantes estaban armados y habían atacado a los agentes que se disponían a evacuarles, mientras que los Hermanos Musulmanes denunciaron que las fuerzas de seguridad entraron a sangre y fuego.
Los grupos pro derechos humanos y la comunidad internacional denunciaron los graves hechos en su momento.