“El ministerio de Exteriores cree inapropiado comentar los pronunciamientos de la justicia egipcia por lo que supone de injerencia en los asuntos internos del país”, precisó un comunicado oficial.
Asimismo, recalcó que “cualquier señal negativa hacia la justicia egipcia es totalmente inaceptable, a nivel tanto oficial como popular, por el prestigio y el respeto del que goza la magistratura egipcia entre todas las partes del pueblo”.
Ayer la justicia egipcia condenó provisionalmente a Mursi y a otros 105 islamistas a pena de muerte por el caso de la fuga de una prisión durante la revolución de 2011, que forzó la renuncia del entonces mandatario Hosni Mubarak.
Como es habitual en Egipto, el fallo será remitido al muftí, máxima autoridad religiosa del país, que emitirá un dictamen no vinculante antes de que el tribunal pronuncie el fallo definitivo el próximo 2 de junio.
La nota de Exteriores, que en ningún momento cita a ningún país u organización en concreto, denunció que los estados que criticaron el juicio contra Mursi no condenaron la muerte ayer de tres jueces egipcios en un ataque armado en la ciudad de Al Arish, en el norte de la península del Sinaí.
Los asaltantes, cuya filiación se desconoce, mataron a balazos a los tres magistrados y al conductor del vehículo en el que se desplazaban e hirieron a otro juez.
Países como Turquía y organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional (AI), condenaron ayer la pena capital impuesta a Mursi. AI calificó el juicio de “farsa” y afirmó que esta condena “muestra el deplorable estado del sistema judicial” de Egipto.
El exmandatario, que continúa defendiendo que es el “presidente legítimo” de Egipto, fue depuesto el 3 de julio de 2013 en un golpe militar liderado por el entonces jefe del Ejército y actual presidente, Abdelfatah al Sisi, tras varios días de multitudinarias protestas.
Desde el derrocamiento de Mursi, las autoridades han perseguido a los simpatizantes, integrantes y líderes de los Hermanos Musulmanes, declarado un grupo terrorista.