Esta postura fue dada a conocer en respuesta a una duda planteada por la presidenta argentina, Cristina Fernández.
Un portavoz del Departamento de Estado consultado por Efe reaccionó a la carta enviada el pasado viernes por Fernández a Obama, en relación con los fondos que ganaron una demanda presentada contra Argentina en EEUU en reclamo de deudas impagadas desde 2001.
En la misiva, Fernández preguntaba si Nancy Soderberg, la presidenta del organismo asesor Junta de Desclasificación de Interés Público de EEUU (PIDB, por su sigla en inglés) , es la persona homónima que copreside la American Task Force Argentina (ATFA) , el lobby que aglutina a los llamados “ fondos buitre ” .
El portavoz confirmó que Obama designó a Soderberg en enero de 2012 y, de nuevo en diciembre de ese año, como presidenta de la PIDB, “ un comité asesor establecido por el Congreso en 2000 para promover el acceso del público a documentos del Gobierno relacionados con actividades de seguridad nacional de EEUU ” .
No obstante, subrayó que “ las posiciones de la junta de la PIDB son a tiempo parcial, y es típico que los miembros de la PIDB y de la mayoría de juntas de asesoría al Gobierno tengan empleos fuera ” de ese órgano.
“ La señora Soderberg es una ciudadana particular que trabaja en una junta que asesora al Gobierno ” , destacó el portavoz, que pidió el anonimato.
“ Sus responsabilidades en su capacidad oficial como presidenta de la PIDB no están relacionadas con cualquier implicación que pueda tener en el litigio de los tenedores de deuda de Argentina como ciudadana privada ” , señaló la fuente.
El Departamento de Estado defendió así que no existe un conflicto de intereses entre la labor de Soderberg en la junta asesora y su supuesto rol al frente de la ATFA.
En su carta, Fernández denunció “ la agresividad y bajeza moral de la campaña dirigida por la señora Nancy Soderberg desde ATFA ” contra Argentina, y recordó “ hechos vergonzantes ” como haber instalado una rata inflable gigante frente a la embajada argentina en Washington.
“ Estas acciones deleznables se convertirían en una cuestión de Estado si fuesen realizadas por una funcionaria pública. Sería el caso si la responsable de ATFA fuera la misma persona que trabaja en la Casa Blanca y no simples homónimos ” , advirtió Fernández.
La mandataria remarcó que las funciones del PIDB “ abarcan aspectos sensibles de seguridad nacional ” y consideró que “ sería inadmisible que un cargo clave del gobierno de los Estados Unidos, con acceso a información clasificada ” sea la misma persona que copreside la ATFA.
El juez Thomas Griesa de Nueva York falló a favor de los fondos que demandaron a Argentina y ordenó al Estado de ese país que pague 1.300 millones de dólares más intereses por bonos no reestructurados en mora desde el cese de pagos de 2001.
La sentencia de Griesa fue ratificada por la Corte Suprema de EEUU, pero Argentina no ha pagado hasta ahora a los demandantes.