Si el estado priva de su licencia a la clínica de la organización Planned Parenthood en la ciudad de San Luis, el estado de Misuri, se convertiría en el primero de todo Estados Unidos donde no hay acceso legal al aborto desde 1973, cuando el Tribunal Supremo estadounidense legalizó ese servicio médico en todo el país.
La clínica ya lucha por su supervivencia desde finales de mayo, cuando Planned Parenthood demandó a Misuri porque las autoridades del estado, gobernado por el republicano Mike Parson, se negaron a renovarles la licencia tras citar presuntas “irregularidades” en el centro que no detallaron.
Un juez ordenó entonces al estado mantener temporalmente abierta la sección de la clínica que practica abortos y dio a las autoridades de Misuri un plazo que termina este viernes para decidir definitivamente si renuevan su licencia.
Esta semana, sin embargo, la clínica tomó una decisión que podría aumentar sus opciones de perder su licencia, al anunciar que a partir de ahora solo someterá a sus pacientes a un examen pélvico y no a dos, como exigen las normas estatales.
“Las pacientes nos han confirmado lo que ya sabíamos: que el examen pélvico adicional, médicamente innecesario y forzado desde hace poco por el estado, es profundamente traumático e inhumano”, dijo a Efe una ginecóloga que practica abortos en la clínica, Colleen McNicholas.
El estado de Misuri exige que las pacientes que deseen interrumpir su embarazo acudan a una consulta en la clínica un mínimo de 72 horas antes de que se les practique el aborto, y que se sometan a un examen pélvico en esa primera cita.
Los doctores de la clínica creen que ese tipo de prueba solo es necesaria en el momento en que la paciente va a someterse a la cirugía, y han decidido dejar de practicarla en la primera consulta.
“Nos decepciona que el estado nos haga elegir entre nuestro principio médico de 'no hacer daño' y el poco acceso al aborto que queda en este estado”, subrayó McNicholas.
Las restricciones legales impuestas en Misuri a las clínicas que practican abortos han provocado el cierre de cuatro clínicas en el estado desde 2008 y han dejado con una única opción, el centro de San Luis, a más de un millón de mujeres en edad reproductiva en ese territorio del tamaño de Uruguay.
Como Misuri, otros cinco estados en el país han regulado el aborto hasta el punto de que solo queda una clínica que los practica en su territorio.
Si la clínica de San Luis perdiera su licencia, las pacientes de la zona podrían ir a otro centro que practica abortos a apenas 20 kilómetros, ya en Illinois y bajo una legislación más favorable a ese servicio, pero la pérdida del acceso legal en todo un estado marcaría un precedente a nivel nacional.
Misuri es, además, uno de la decena de estados de EE.UU. que han aprobado las llamadas “leyes del latido de corazón”, que prohíben el aborto en casi todos los casos, dentro de una campaña diseñada para forzar al Tribunal Supremo a replantearse la decisión que legalizó la interrupción del embarazo hace casi medio siglo.