El juez John Bates, de Washington DC, calificó el martes de “ilegal” la decisión de poner fin al DACA, el programa que protege de la deportación a casi 700.000 jóvenes llegados cuando niños a Estados Unidos con sus padres, conocidos como “Dreamers” (soñadores) y en su inmensa mayoría latinos.
Bates asegura que la decisión de la administración Trump fue “arbitraria” y “caprichosa”, y ordena al gobierno continuar con el DACA y, por primera vez, reabrirlo a nuevos aplicantes.
Eliana Fernández, una ’Dreamer’ de 30 años, se emocionó muchísimo cuando escuchó la noticia. “Me dieron ganas de llorar; estoy muy, muy contenta”, cuenta a la AFP esta ecuatoriana madre de dos pequeños niños que es una de las demandantes contra el gobierno en la corte federal de Brooklyn, en Nueva York.
Bates es el tercer juez que falla contra la decisión de Trump de poner fin a este programa implementado por su antecesor Barack Obama en 2012, que sacó de las sombras a cientos de miles de jóvenes indocumentados. Otros dos fallos similares fueron adoptados por jueces federales de California y Nueva York.
“Es una gran victoria para nosotros ver que el tercer juez federal ha dicho que la terminación del DACA ha sido ilegal”, afirmó Fernández. “Victorias como estas alientan a seguir y nos dan esperanzas, y espero que el Congreso lo vea y decida actuar y darnos una solución permanente”.
Si no fuese por los fallos de San Francisco y Nueva York, un promedio de 122 jóvenes con DACA quedarían cada día sin papeles, amenazados de deportación, según ONGs de defensa de los inmigrantes. “¡Esta es otra victoria legal más para los Dreamers en el camino a la Suprema Corte!”, se felicitó CHIRLA, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, sugiriendo que los casos terminarán en el máximo tribunal.
Gracias al DACA, los jóvenes inmigrantes sin papeles obtuvieron un permiso temporario de residencia en Estados Unidos y la chance de aplicar a universidades y préstamos, un número de seguridad social para trabajar y la posibilidad de tramitar una licencia de conducir.
La decisión del juez Bates otorga al gobierno un plazo de 90 días para explicar mejor por qué estima que el DACA es ilegal, y si no lo hace, anulará el memo que puso fin al programa el 5 de septiembre de 2017 y ordenará aceptar a miles de nuevos aplicantes elegibles para el DACA. Su fallo responde así a la demanda presentada por un estudiante, la Universidad de Princeton, Microsoft y la NAACP, la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color.
“Hemos sido muy claros que pensamos que este es un programa ilegal, es algo que el Departamento de Justicia tendrá que manejar”, se limitó a indicar la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, consultada sobre el tema.
El gobierno de Trump apela los fallos de California y Nueva York ante tribunales superiores, luego de que la Corte Suprema rechazara su pedido de pronunciarse sobre el asunto directamente, sin que éste pasara por cortes de apelaciones. “La corte federal recordó una vez más al presidente que no puede poner fin al DACA de manera arbitraria. Ningún presidente está por encima de la Constitución”, aseguró en Twitter César Vargas, otro “Dreamer” y primer abogado abiertamente indocumentado de Nueva York.
La suerte definitiva de los Dreamers está finalmente en el Congreso, que hace más de 15 años debate proyectos de leyes migratorios pero nunca ha logrado ponerse de acuerdo sobre qué hacer con estos jóvenes ni con el resto de los 10 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.