“Las víctimas son Rodrigo Celestino y José Bernardo da Silva (conocido como Orlando), ambos coordinadores del campamento, lo que evidencia el carácter de crimen para intimidar la lucha por la tierra” , aseguró el MST en un comunicado.
Los hechos ocurrieron sobre las 19H30 del sábado, cuando varios encapuchados entraron en el campamento Dom José Maria Pires, en el municipio de Alhandra, y ametrallaron la zona donde cenaban las víctimas en este asentamiento rural a unos 45 km de Joao Pessoa, la capital del estado, informó el MST de Paraíba.
Ambos coordinaban las actividades en esta hacienda propiedad del Grupo Santa Tereza, y que unas 450 familias ocupan y cultivan desde julio 2017 tras hallarla abandonada, según el colectivo.
Uno de los fallecidos, Orlando, pertenece a una familia de activistas de Paraíba que ya perdió a uno de sus miembros, asesinado por ejecución hace nueve años. Un tercer hermano, Osvaldo, está en un programa de protección para defensores de los derechos humanos. Para el MST y formaciones de izquierda como el Partido de los Trabajadores (PT) - que emitió una nota denunciando lo ocurrido-, estos asesinatos se encuadran en la preocupante escalada de violencia que sufren los movimientos sociales en Brasil tras la ola conservadora que eligió en octubre al ultraderechista Jair Bolsonaro.
Conocido por su agitado discurso anti-izquierda, el excapitán del Ejército afirmó en varias ocasiones que prevé tipificar como actos “terroristas” las invasiones de propiedades, un arma de lucha tradicional del MST. En plena campaña, Bolsonaro prometió cerrar las escuelas de los campamentos del MST, a las que definió como “fábricas de guerrilleros” .
En este contexto, la Fiscalía emitió un comunicado el domingo prestando su solidaridad a las familias de los activistas “brutalmente asesinados” y comprometiéndose a aclarar lo sucedido. “Ahora, a dos días de la conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), otro hermano de Osvaldo es asesinado, hecho que preocupa ante el contexto sombrío de violencia contra los movimientos sociales y demuestra lo distantes que aún estamos de la efectivización de los derechos garantizados por la Declaración” , afirma la nota firmada, entre otros, por la fiscal general, Raquel Dodge.
Los conflictos en el campo brasileño dejaron 71 asesinatos en 2017, el mayor número de los últimos 14 años, debido a un aumento de la violencia rural que derivó en varias masacres, según el último informe anual de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) .