Esta decisión se produce cuando el País Vasco, región del norte de España con 2,2 millones de habitantes, espera la inminente disolución de ETA, que renunció en 2011 a la lucha armada.
El Supremo rechazó los recursos de casación presentados por Liher Aretxabaleta Rodríguez, de 38 años, y Alaitz Aramendi Jaunarena, de 40, confirmando las penas de 535 años a cada uno impuestas el año pasado por una jurisdicción especializada en terrorismo.
No obstante, en la práctica, lo máximo que puede pasar una persona encarcelada en España es 40 años. Los dos fueron condenadas por 45 delitos de “asesinato terrorista intentado”, recordó la sentencia del Supremo a la que tuvo acceso la AFP este miércoles.
Los dos etarras fueron acusados de haber colocado la noche del 24 al 25 de mayo de 2005 un artefacto explosivo de 20 kilos en el maletero de una camioneta que estacionaron en Madrid “con el fin de causar el mayor daño material posible, aceptando ocasionar la muerte” de personas en el lugar.
La explosión, advertida menos de una hora antes en una llamada a un diario vasco, provocó lesiones, principalmente traumatismos auditivos, a policías y otras personas en las cercanías, así como daños a vehículos y edificios. Aramendi Jaunarena purga en Francia una pena de 18 años de prisión impuesta en 2013 en ese país por participación en asociación ilícita con el fin de preparar un acto terrorista.
Aretxabaleta Rodríguez fue entregado en 2011 por Francia a España, donde fue puesto en prisión provisional y luego liberado bajo control judicial en 2013. Creada en 1959 durante la dictadura de Francisco Franco, a ETA se le atribuyen 829 muertes en nombre de su lucha por la independencia del País Vasco y Navarra. En abril de 2017 anunció su desarme y su disolución debería producirse “antes del verano”, según una fuente cercana.