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La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia abandonó las mesas de trabajo tras acusar al gobierno de incumplir un acuerdo para invitar a los organismos internacionales a ayudar a investigar la violencia contra las sangrientas protestas.
El trabajo de las comisiones se realizaba a puertas cerradas en el seminario de Nuestra Señora de Fátima, en Managua. Al entrar los delegados ya se advertía un ambiente sombrío por la muerte de seis miembros de una familia el fin de semana en un ataque atribuido a bandas paramilitares y civiles afines al gobierno del presidente Daniel Ortega.
El martes “nos reincorporaremos al plenario del diálogo nacional y demandaremos el cumplimiento de lo acordado como condición indispensable para seguir trabajando”, dijo la oposición en un comunicado.
El dirigente estudiantil Lesther Alemán dijo que durante más de una hora se le pidió al gobierno la carta que debió enviar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Unión Europea (UE) y “como no la traían lo que hicieron fue levantarse”.
El canciller Denis Moncada, jefe de la delegación oficial alegó razones “burocráticas”, para no haber invitado a los organismos , dijo el académico Carlos Tünnerman, delegado de la sociedad civil en las conversaciones. “Vaya usted a su oficina, redacte las cartas, mande las invitaciones y traiga copia de esas cartas para el plenario del diálogo el martes”, refirió Tünnerman que le dijo a Moncada. Tras la suspensión del encuentro, el gobierno emitió una declaración en la que se desmarcó de la represión contra las protestas y expresó su “gravísima preocupación por la trágica escalada de violencia que sufre el pueblo nicaragüense”.
Aseguró que propuso a la oposición “trabajar para alcanzar acuerdos verificables de seguridad, paz y reconciliación en los municipios y departamentos de Nicaragua”.
Sin embargo, el ejecutivo evitó referirse al reclamo de la oposición de cumplir el acuerdo de invitar a organismos internacionales de derechos humanos.
Los participantes del diálogo tenían previsto discutir este lunes el levantamiento de los tranques (bloqueos) de las vías, el adelanto de las elecciones a marzo y reformas al poder judicial.
Tunnerman destacó que el gobierno incumple lo que ha firmado en el diálogo porque se comprometió a poner en práctica 15 recomendaciones de la CIDH, incluyendo el cese de la represión y el desarme de las bandas civiles armadas, y “eso no se ha cumplido”.
“Necesitamos que esos organismos estén en el país como garantía”, de que lo acordado tenga cumplimiento y termine la violencia contra la población, dijo la dirigente del Movimiento de Mujeres, Azhalia Solís.
En Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, condenó la violencia en Nicaragua y llamó al gobierno a cumplir los compromisos firmados el viernes. “Condeno la violencia, incluyendo el horrible ataque incendiario del sábado 16 de junio”, dijo Al Hussein en relación a la muerte de seis miembros de una familia calcinada dentro de su vivienda, entre ellos un bebe de cinco meses y una niña de dos años. Un emisario de la UE visitó Nicaragua el 15 y 16 de junio y sostuvo encuentros con el gobierno de Ortega y representantes de la oposición para apoyar una solución negociada la crisis en el país.
En los encuentros, Hugo Sobral, director del Departamento de las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, reiteró la necesidad de cesar la violencia” que desangra el país desde que estallaron las protestas el 18 de abril.
Mientras tanto, persisten las acciones violentas de bandas paramilitares con tiroteos indiscriminados en barrios de la capital y en ciudades del interior, según reportes de pobladores a través de videos enviados a las redes sociales y medios de comunicación.
Las protestas gubernamentales contra una reforma a la ley de seguridad social han dejado 180 muertos, en dos meses y más de 1000 heridos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Ortega, en el poder desde 2007, ha sido señalado de ejercer un gobierno autoritario al lado de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, con pleno control de todos los poderes del estado.