La detención del sacerdote Óscar Muñoz Toledo, de 56 años, fue ordenada por el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, y cumplida por funcionarios de Carabineros en la capital chilena.
Muñoz, que además fue párroco de la Iglesia Jesús de Nazareth en el sector santiaguino de Estación Central, se había autodenunciado por abusos ante la Oficina Pastoral de Denuncias y fue separado de su cargo el pasado enero, dos semanas antes de la visita a Chile del papa Francisco. El pasado mes de mayo, la Fiscalía abrió una investigación en su contra, tras darse a conocer los hechos que habrían afectado a cuatro menores, pero a la fecha actual los casos suman siete.
En el caso de Óscar Muñoz, los hechos ocurrieron presuntamente entre 2002 y comienzos de este año, cuando las víctimas tenían entre 11 y 17 años; cinco menores abusados son sobrinos del religiosos, otro corresponde a uno de sus acólitos y el restante es un joven que fue abusado en la ciudad de Rancagua en 2004. Cabe señalar que Muñoz era el encargado de recibir las denuncias en el Arzobispado de Santiago sobre casos de abuso sexual en la iglesia y además era asesor directo del cardenal Ricardo Ezzati, titular del arzobispado.
Preguntado sobre la situación, Ezzati aseguró a los periodistas que la iglesia “tiene la disponibilidad de colaborar con la justicia en todo lo que sea requerido”. Agregó que la detención de su colaborador supone “un dolor muy grande, por él, por su familia y por las víctimas”.
“Un pensamiento muy cercano y cordial a las víctimas que han sufrido de parte de él estos abusos, el deseo es que la justicia tenga la última voz”, cerró el prelado.
El pasado mes de junio, la Fiscalía ordenó la incautación de documentos y ordenadores en el obispado de la ciudad de Rancagua y en el Tribunal Eclesiástico, en Santiago. Dicha diligencia buscaba encontrar expedientes canónicos, investigaciones previas y antecedentes que tuvieran relación con denuncias que apuntaba a un grupo de sacerdotes de la región de O'Higgins y que integraban una cofradía de abusadores denominada “La Familia”, caso en el que catorce curas fueron suspendidos.
Otros dos fiscales regionales, Raúl Guzmán, de la Fiscalía Metropolitana Sur, y Mauricio Richards, de la región del Maule, encabezan también en la actualidad indagaciones que involucran a religiosos católicos. Guzmán indaga una serie de denuncias por abusos ocurridos desde hace años en colegios marianistas y Richards investiga acusaciones presentadas por el sacerdote Sergio Díaz contra algunos obispos y el nuncio apostólico, Ivo Scapolo, a los que achaca encubrir denuncias que presentó anteriormente y de amparar a los autores.
En declaraciones a los periodistas, el fiscal Arias aseguró que pese a la antigua data de algunos de los casos, los delitos cometidos presuntamente por Muñoz no están prescritos, y no descartó que aumente la cantidad de víctimas. Añadió que se investiga además eventuales encubrimientos de los delitos. “Es encubridor aquel que con conocimiento de la comisión de un delito con posterioridad, facilita que éste no sea descubierto. Esa hipótesis está siendo investigada en este caso”, precisó.
Los casos de abusos sexuales han conmocionado desde hace años a la Iglesia Católica chilena y el pasado junio el papa Francisco aceptó las renuncias de cinco obispos, luego que 34 miembros de la Conferencia Episcopal de Chile le ofrecieron sus cargos tras ser citados al Vaticano por el pontífice. Dos de los cinco que fueron alejados, Juan Barros y Horacio Valenzuela, fueron acusados directamente de encubrir los abusos contra menores por las víctimas del párroco Fernando Karadima, caso en que el papa debió enmendar su posición tras haber sostenido en un principio que las acusaciones contra los obispos eran calumnias. El pontífice invitó también a algunas víctimas a Roma, les pidió perdón y anunció cambios en la iglesia chilena, tras señalar que su negativa inicial a creerles se debió a que recibió información falsa sobre la situación.
Alejandro Goic, otro de los obispos renunciados, aunque se indicó que era por edad, admitió haber sido negligente por el caso llamado “La Familia”, mientras Gonzalo Duarte, obispo de Valparaíso, que también dejó el cargo por edad, ha sido acusado de abusos sexuales por seminaristas, novicios y sacerdotes jóvenes.