Eso declaró en una entrevista con Efe el director de programas de la ONG Oxfam para América Latina, el español Asier Hernando.
Hernando presentó esta semana en Paraguay el informe de Oxfam “Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina”, que analiza la distribución en la tenencia de tierras en la región.
Para el experto de Oxfam, la propiedad de la tierra ha estado detrás de conflictos como las luchas de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y su redistribución es uno de los ejes centrales del acuerdo de paz que suscribió con el Gobierno.
Esta desigualdad está generando “un pico de violencia” en la región, con los asesinatos de defensores de derechos humanos y ambientalistas, la criminalización de los campesinos y la “violencia económica” de la privación de sus derechos a la educación, la salud y la posibilidad de producir sus alimentos, entre otros.
“Latinoamérica tiene unas Constituciones basadas en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, y en el derecho de las poblaciones a la vida, pero estas normas no se están respetando en muchos contextos rurales”, declaró.
La actual desigualdad en la tenencia de tierras se basa en el modelo económico al que están abocados los países de la región, apoyado en la extracción de los recursos naturales y la acumulación de riquezas. En este modelo, los grandes empresarios y terratenientes presionan a las instancias políticas para que legislen a su favor, un fenómeno al que Hernando definió como “captura política” de los Estados.
“Latinoamérica pasa por una deriva peligrosa, con muchos Estados capturados por las élites económicas. Tenemos indicios de que están frenando las políticas destinadas a reducir la desigualdad en la región, y retrocesos preocupantes en términos democráticos. De hecho, según la encuesta Latinobarómetro, la población tiene cada vez menos fe en la democracia”, expuso el experto
De la mano de las políticas estatales, los productores extractivistas concentran cada vez más tierras, no para producir alimento, sino materias primas agrícolas, como la soja, cuyo valor en el mercado es inestable, lo que provoca que toda la economía del país se vuelva vulnerable al depender de estos productos.
Además, este modelo económico genera contaminación ambiental y deforestación, y expulsa a los campesinos hacia las ciudades, debido a que “no genera empleos”.
“En el cultivo de la soja, por cada 1.000 hectáreas de producción se generan cinco empleos. En cambio, si la misma superficie de terreno está destinada a una pequeña explotación agrícola, puede dar trabajo a unas 200 personas”, ilustró Hernando.
El directivo de Oxfam aseguró que una de las claves para reducir la desigualdad en la tenencia de tierras es retomar los procesos de reforma agraria, un término “muy estigmatizado” en la región, y hacerlo con un fuerte compromiso de los Estados para legislar en favor del bien común, y no de intereses empresariales.
Además, añadió que es necesario “regular la ambición y la voracidad de las empresas extractivas”, reforzar los marcos legales que obligan a la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas sobre proyectos que pueden afectarles, y dotar de mayor capacidad de decisión a las personas más vulnerables, que poseen menor influencia política.
En América Latina y el Caribe, 32 personas acumulan la misma riqueza que los 300 millones de personas más pobres, según el informe “Desterrados” de Oxfam.
Esta desigualdad está directamente relacionada con la tenencia de tierras, ya que los activos no financieros representan el 64 % de la riqueza total de la región.