Los pedazos de metal, encontrados a unos 870 kilómetros al norte de Santiago, fueron subidos hace unos días a la superficie, desde el fondo marino, y su hallazgo fue posible gracias a que un militar que participó en esas acciones confesó antes de morir.
Hasta ahora, la identidad del militar se mantiene en reserva y los rieles, “menos de cinco”, según dijeron a Efe las fuentes, se encuentran en el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), en Santiago, donde serán analizados para determinar si mantienen adheridos algunos elementos.
La búsqueda se mantiene en el área del hallazgo, por la posibilidad de que haya más piezas similares.
La diligencia se cumplió en el marco del juicio por los episodios de la llamada Caravana de la Muerte, a cargo de la jueza especial Patricia González, referido a una comitiva militar que a fines de 1973 recorrió Chile y dejó a su paso cerca de un centenar de presos políticos ejecutados en diversas ciudades.
Hasta ahora, el hallazgo se mantiene bajo secreto, lo que ha disgustado a organismos y abogados de derechos humanos, que lo consideran importante por cumplirse 40 años desde el golpe de Pinochet.
En ese marco, expertos preguntados por Efe dijeron que, a menos que el militar fallecido haya confesado nombres, resulta “imposible” intentar siquiera aproximarse a la identidad de quienes fueron lanzados al mar atados a esos rieles.
Recordaron, en todo caso, dos episodios ocurridos a fines de 1973 que podrían tener vinculación con el hallazgo.
El primero se refiere a 26 cadáveres desenterrados en 1976 en el desierto de Atacama, correspondientes a prisioneros asesinados en octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en la ciudad de Calama.
Esos cadáveres fueron arrojados al mar desde un avión de la Fuerza Aérea, según admitió judicialmente el mecánico de esa institución Sergio López Maldonado, quien lanzó los cuerpos.
Pero López no dijo en qué parte de la costa del norte fueron lanzados los cadáveres. Calama está a 698 kilómetros al nornoreste de Caldera.
El segundo episodio se relaciona con tres ejecuciones extrajudiciales ocurridas en octubre de 1973 en la ciudad de Copiapó, a 75 kilómetros al sureste de Caldera, también a manos de la Caravana de la Muerte.
Las víctimas fueron el gerente general de la Compañía de Cobre Salvador, Ricardo García Posadas, y los dirigentes sindicales de esa empresa Maguindo Castillo Andrade y Benito Tapia Tapia, cuyos cuerpos fueron sepultados en el cementerio de Copiapó, pero rápidamente desaparecieron del lugar.
El de Caldera es el segundo hallazgo de rieles usados para lanzar cuerpos de prisioneros al mar desde 1973. El primero ocurrió en septiembre de 2004 frente a Quintero, a 44 kilómetros al norte de Valparaíso.
Esa vez, cuatro piezas metálicas fueron halladas por detectives de la PDI, bajo la supervisión del juez especial Juan Guzmán Tapia.
Las piezas pasaron después a formar parte de un museo recordatorio en el excampo de prisioneros de Villa Grimaldi, en Santiago. Algunas de ellas mantenían aún botones adheridos.
Según declaraciones judiciales de suboficiales y mecánicos del Comando de Aviación del Ejército, entre octubre de 1973 y agosto de 1977, al menos 500 cuerpos fueron arrojados al mar desde helicópteros.
Varios declarantes coinciden en que al menos hubo 40 vuelos, con entre ocho y quince cuerpos transportados en cada uno. Los cadáveres eran puestos en sacos, cosidos con alambre y después a cada uno le amarraban un trozo de riel.
Hasta ahora, el único cuerpo que emergió desde el fondo del océano fue el de Marta Ugarte, una profesora comunista, cuyo cadáver apareció en una playa de la región de Coquimbo el 12 de septiembre de 1976.
Según el expediente del caso, uno de los alambres que unían el riel a su cuerpo fue utilizado por el agente de la DINA Emilio Troncoso Vivallos para estrangularla, pues tras la inyección letal que le fue administrada antes de subirla al helicóptero, ella permanecía aún con vida. Así, una vez en el agua, el riel se soltó y su cadáver emergió.