“El año pasado aumentaron las diferentes formas de violencia contra los pueblos indígenas”, las cuales incluyen “asesinatos, amenazas de muerte, morosidad en la regularización de sus tierras, omisiones del Estado y falta de asistencia en salud y educación”, dice un informe divulgado hoy por esa organización.
El Cimi indicó que los asesinatos de indígenas pasaron de 51 en 2011 a 60 en 2012 y precisó que esa cifra eleva a 563 el número de muertes violentas en los últimos diez años.
También alerta de que 43 de los 60 asesinatos contabilizados el año pasado fueron registrados en el estado de Mato Grosso do Sul, que es escenario de los más graves conflictos de tierras entre las tribus y los grandes hacendados de la región.
El Cimi atribuyó ese aumento de la violencia a la “omisión del poder público” por sus atrasos en la demarcación de las tierras indígenas, que son parte del origen de los conflictos que ocurren en diversos puntos del país.
Como ejemplo de la “omisión”, afirma que ya han sido delimitadas 44 nuevas áreas indígenas, cuya aprobación definitiva sólo depende de una decisión de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
También sostiene que “con una media anual de cinco homologaciones de tierras indígenas, el Gobierno de Rousseff es el que menos se ha ocupado” de ese asunto desde 1985.
El secretario ejecutivo del Cimi, Cleber Buzatto, declaró al presentar el informe que “la vida de los pueblos indígenas está vinculada a la tierra” y que por eso mismo “el Gobierno tiene que, con urgencia, saldar la deuda histórica que tiene con los indígenas”.
Según Buzatto, “ese será el único modo de crear las condiciones fundamentales para la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas”.