Paraguay se sometió el pasado 26 de octubre al escrutinio del Comité, que verifica el cumplimiento que un estado miembro hace de la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
De esta evaluación se desprende que “Paraguay enfrenta un retroceso en los derechos de las mujeres en la ley, en la vida política, y en la vida cotidiana, que puede socavar los progresos en la igualdad de género logrados en los años pasados”.
Los miembros del Comité están “preocupados” de que “movimientos antigénero” quieran excluir referencias al género del discurso político, educativo y social.
“(El Comité) está también preocupado por la prohibición de usar y diseminar cualquier material que se refiera a la teoría/ideología de género ordenada por el ministro de Educación”.
De hecho, las expertas destacan “la ausencia completa” del término género en la ley sobre protección de la mujer de todas las formas de violencia.
Ante esta situación, el Comité recomienda a las autoridades de Asunción que tomen medidas para “combatir los ataques contra la igualdad de género en el discurso público” y rechazar la decisión del ministro de Educación.
En la misma línea, las expertas denuncian “la persistencia de estereotipos discriminatorios” contra las mujeres basados en su género y en su origen étnico.
“Estamos preocupadas de que esos estereotipos apuntalen la discriminación y la violencia de género, incluyendo violencia sexual, doméstica y feminicidio, así como abuso sexual en la escuela y en el lugar de trabajo”.
Por ello, el Comité recomienda que se establezca sin demora una estrategia completa para concienciar al público sobre el concepto del género y para eliminar actitudes patriarcales y estereotipos de discriminación contra la mujer.
Por otra parte, las expertas denuncian las alegaciones de “corrupción” en el sector judicial, los impedimentos para las mujeres de acceder a la Justicia y la falta de confianza que estas tienen en este estamento y en el de la institución policial.
De hecho, los miembros del Comité muestran su preocupación por el bajo nivel de denuncia de la violencia de género.
Con respecto a la trata, el informe denuncia que Paraguay siga siendo un país de origen, tránsito y destino de mujeres explotadas. Y, a pesar de ello, en la estrategia de lucha contra el tráfico de personas no se incluye la perspectiva de género, si bien todos los casos registrados en la Fiscalía sobre esta lacra son sobre mujeres, denuncia el texto.
Con respecto al trabajo, el Comité denuncia la diferencia salarial entre hombres y mujeres de un 22,2 por ciento, y el hecho de que el sueldo mínimo para las empleadas domésticas sea un 40 por ciento menor que el del resto de trabajadores.
Asimismo, el texto denuncia la persistencia del trabajo doméstico infantil, conocido como “criadazgo”, “que equivale a explotación laboral y que expone a las niñas a abuso físico, psicológico y sexual”.
Finalmente, las expertas denuncian los altos niveles de mortalidad materna, ligada en la mayoría de los casos a abortos inseguros. Es por lo que las expertas piden que se legalice el aborto en los casos de violación, incesto, malformación fetal, y riesgo para la salud de la madre, y se despenalice en el resto de casos.