CARACAS. Con el país petrolero en hiperinflación y en default parcial, el gobierno chavista busca liquidez. Están a las puertas de unas elecciones presidenciales en las que el dictador Nicolás Maduro busca su reelección. Hasta ahora al mercado lo alimentaba el Estado, que monopoliza las monedas, pero el Gobierno relanzó el 1 de febrero un sistema de subastas de divisas –cerradas durante cinco meses–, esta vez con recursos del sector privado.
Desde entonces, se registró una devaluación del bolívar de 90,81% en la venta de 4,4 millones de euros, moneda de referencia por sanciones financieras de Estados Unidos que obstaculizan el acceso de Venezuela a financiamiento externo.
El Gobierno también eliminó una ínfima tasa de 10 bolívares por dólar, exclusiva para importar comida y medicinas, y foco de corrupción. Bajo ese sistema, con la misma cantidad con la que se compraba un pequeño paquete de galletas podían adquirirse 1.000 dólares, lo que alentó la sobrefacturación y entrega de divisas a empresas fantasma para ser revendidas en el mercado negro.
De 2004 a 2014, con la bonanza petrolera, este control sirvió para subsidiar productos básicos importados con dólares vendidos a tasas irrisorias (conocido también como dolar preferencial). Pero en los últimos años las importaciones se derrumbaron y la escasez de bienes se hizo crónica, ante una severa sequía de dólares por la caída de la renta petrolera, que representa 96% de los ingresos.
En febrero Maduro creó el Petro, una criptomoneda, para intentar reducir la dependencia del dólar y eludir las sanciones estadounidenses, aunque expertos ponen en duda su éxito por la desconfianza en la política económica.
El costo de vida sigue imparable. Según el Legislativo (opositor), aumentó 80% en febrero, mientras el FMI proyecta que este año trepará a 13.000%.
Además, los salarios se evaporan. Tras un reciente aumento de 64%, el salario mínimo mensual es de US$ 6,5 a la tasa del mercado negro, lo que cuestan poco más de tres kilos de carne.
Se estima que el peso del “dólar negro” recae sobre las importaciones privadas (25%), pues el resto las realiza el Estado. Esas compras pasaron de 59.339 millones de dólares en 2012 a 12.057 millones en 2017, generando desabastecimiento y presiones inflacionarias.
La devaluación impactará especialmente en los costos de productos y servicios subsidiados como agua, electricidad o telefonía, ligados a las tasas oficiales.
Las reformas cambiarias lucen insuficientes. El horizonte es sombrío: las importaciones caerían hasta US$ 9.000 millones este año, cuando los compromisos de deuda totalizan unos US$ 8.000 millones y las reservas apenas llegan a US$ 9.500 millones, advierten analistas, que coinciden, además, en que la recuperación de la economía –según la CEPAL se contrajo 32% desde 2014– exige eliminar el control cambiario.