MÉXICO. “El juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, el 2 de septiembre de 2016, dejó insubsistente el auto de formal prisión dictado el 26 de octubre de 2014” por delincuencia organizada y lo cambió por un auto de libertad, detalló una tarjeta informativa de la Procuraduría General de la República (PGR)
Sin embargo, Casarrubias, detenido en octubre de 2014, no quedó libre porque enfrenta otros dos cargos, uno por porte de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y otro por delincuencia organizada en la hipótesis de contra la salud con fines de fomento (narcotráfico).
Así, Casarrubias -también conocido como Santiago Jaurer Cadena- “permanece formal y materialmente preso, pues cuenta con dos autos de formal prisión vigentes”, agregó el escrito.
Una fuente del Consejo de la Judicatura Federal explicó a Efe que se le concedió un amparo para efectos, lo que implica que la sentencia ordena a la autoridad responsable reponer el procedimiento viciado y sin que se repita la conducta por la cual se le dio el amparo.
Explicó que no se conoce exactamente qué parte del proceso se repondrá, si bien todo apunta a que testificará de nuevo, porque Casarrubias alegó torturas cuando se le tomó declaración.
“No sabemos exactamente los alcances, pero sí sé que tiene que reponerse el procedimiento para que se corrija la parte que no se investigó si había sido torturado o no, que se le aplique el Protocolo de Estambul”, indicó la fuente.
Por su parte, una fuente de la PGR dijo a Efe que en los próximos días o semanas se emitirán otros dos autos de formal prisión contra Casarrubias, uno de ellos “por el secuestro de los jóvenes” de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Los 43 estudiantes fueron detenidos por policías el 26 de septiembre de 2014 en Iguala y entregados a miembros de cártel Guerreros Unidos, quienes los mataron y quemaron en el basurero del municipio aledaño de Cocula, según la versión de la PGR cuestionada por familiares y expertos internacionales que investigaron el caso.
De acuerdo con el testimonio de varios detenidos en este caso, Sidronio ordenó hacer desaparecer a los jóvenes para defender su territorio, al creer que se trataban de integrantes de Los Rojos, un grupo delictivo rival.
Su captura fue clave para descubrir la infiltración del crimen organizado en la alcaldía de Iguala, que recibía del cártel más de 150.000 dólares mensuales, además de mantener controlada a la policía de ese y del vecino municipio de Cocula, según la fiscalía.