El presidente de la Corte Superior de Lima Sur, Marco Cerna, declaró, en una rueda de prensa, que la decisión se tomó luego de que el Poder Judicial acogiera el pedido del Ministerio Público, que presentó una denuncia por el delito de violación sexual.
La jueza Carmen Ruiz Díaz, de la Unidad de Flagrancia de Lima Sur, agregó que la solicitud de la Fiscalía resultó “proporcional y adecuada a efectos de que se lleven adelante las investigaciones durante el desarrollo del proceso judicial”.
Añadió que el acusado, identificado como Marco Antonio Luza, argumentó durante la audiencia que sostuvo una relación sexual “consensuada”, con la víctima.
Medios locales informaron que la mujer, de 36 años, había acudido a censar una vivienda en el distrito limeño de Villa El Salvador como parte de la labor organizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), pero el hombre presuntamente la encerró en su casa y abusó de ella.
Tras huir del lugar, la mujer denunció el delito junto a su hermano, quien aseguró que un supervisor del INEI le ofreció dinero para que no haga público el abuso sexual.
Horas después, la Policía Nacional detuvo a Luza, mientras que la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Choquehuanca, declaró que su despacho no iba “a dejar que la persona agresora salga en libertad”.
Choquehuanca agregó que se iba a pedir que el acusado sea condenado a 25 años de cárcel, pero juristas declararon hoy que el caso implica una sentencia máxima a 8 años de prisión.
Ciudadanos y colectivos femeninos denunciaron hoy en las redes sociales otros casos de acoso y agresión contra las empadronadoras, que trabajaron en forma voluntaria para el censo del INEI.
Uno de esos casos fue denunciado por una mujer que fue censada por un cadete del Ejército, quien luego la contactó mediante su cuenta de Facebook, por lo que el Ministerio de Defensa informó hoy que aplicará la sanción más rigurosa para este tipo de actos.
El censo de población movilizó este domingo a más de 600.000 empadronadores a nivel nacional en una jornada en que se dictó una orden de inamovilidad para que los voluntarios tengan las facilidades para censar a más de 30 millones de habitantes.
Sin embargo, el estudio ha recibido numerosas críticas porque una gran cantidad de familias que no fueron visitadas, se presentaron numerosos fallos logísticos y, sobre todo, fue patrocinado por empresas privadas que usaron la actividad para promocionarse.