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Argentina ha mantenido una batalla legal de una década con un fondos de inversión de Estados Unidos que no han aceptado reestructurar la deuda que entró en default en el 2002 y son conocidos como "holdouts". La amarga lucha legal llevó al Fondo Monetario Internacional a pedir que se revise cómo deberían estructurarse las emisiones de bonos soberanos para evitar que renegociaciones terminen como las de Argentina. Y en noviembre, el G-20 respaldó los trabajos internacionales para fortalecer estas reestructuraciones.
Los mandatarios y representantes presentes en la Cumbre Iberoamericana en Veracruz, México, sumaron el martes su apoyo. Los Gobiernos "expresan su más absoluto rechazo a la actitud de aquellos grupos cuyo accionar obstaculice el logro de acuerdos definitivos entre deudores y acreedores y ponga en riesgo la estabilidad financiera internacional", dijeron en un documento firmado por todos los países latinoamericanos.
Además, reafirmaron "su solidaridad y apoyo a la República Argentina en la búsqueda de una solución que no comprometa su desarrollo y el bienestar de su pueblo, en consonancia con sus políticas de desarrollo nacional". La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, no asistió a la cumbre por motivos de salud.
Argentina cayó en julio en un nuevo default al negarse a acatar la orden del juez estadounidense Thomas Griesa de pagarles 1.330 millones de dólares más intereses a los fondos liderados por NML Capital y Aurelius Capital Management al mismo tiempo que honraba los compromisos con los bonistas que sí participaron en los canjes de deuda. Griesa bloqueó los pagos que Argentina hizo a los acreedores que aceptaron las reestructuraciones de deuda, que aún no logran cobrar el dinero depositado por el país.
El incumplimiento se disparó después de que la Corte Suprema de Estados Unidos declinó una apelación de Argentina al fallo de Griesa y luego de que naufragara una ronda de negociaciones con los fondos a los que el país sudamericano llama "buitres".