La moción de apoyo a Lugo fue aprobada por aclamación en la plenaria de clausura de la Cumbre de los Pueblos, dijeron a Efe fuentes de la organización del evento.
Los militantes de las causas sociales y ambientales protagonizaron una protesta frente al consulado de Paraguay en Río de Janeiro para posicionarse contra el proceso abierto por el Congreso y que puede despojar a Lugo de su mandato.
“Pese a que se están respetando los trámites burocráticos del Congreso paraguayo, el proceso (juicio político) es sospechoso por una manipulación nunca vista antes. Por eso sospechamos que se trata de un intento de golpe blanco”, afirmó Carlos Henrique Painel, uno de los coordinadores de la Cumbre de los Pueblos y miembro del Foro Brasileño de las ONG.
El militante explicó que la moción apoyada por la Cumbre de los Pueblos tiene por objetivo destacar el fortalecimiento de la democracia en América Latina.
“Lo que está ocurriendo en Paraguay es un golpe (de Estado) porque no se respeta la voluntad del pueblo. Le quieren quitar el poder al presidente Lugo”, afirmó la secretaria nacional de las mujeres de la Central Única de los Trabajadores (CUT) de Brasil, Rosane Silva.
La líder aseguró que la CUT, mayor central sindical brasileña, pretende enviar un grupo de representantes a Asunción “para reforzar la lucha de los trabajadores paraguayos en este momento en defensa de Lugo”.
“Es otro intento de golpe. Es muy preocupante para la democracia en el continente porque se trata de un golpe institucionalizado. Ya no se necesitan tropas militares, es un golpe civil para imponer los intereses de los grupos económicos que nunca aceptaron la victoria del presidente Lugo”, agregó Sandra Quintela, militante de la Red Jubile Sur.
Esta organización defiende el reconocimiento de la deuda de Brasil con Paraguay por la hidroeléctrica de Itaipú.
El Senado paraguayo inició hoy el juicio político para la destitución de Lugo por el supuesto mal desempeño en sus funciones por el enfrentamiento entre policías y campesinos en una hacienda el pasado día 15, que dejó 17 muertos.
En su defensa, el asesor jurídico de la Presidencia paraguaya, Emilio Camacho, pidió la desestimación del libelo acusatorio contra el mandatario.