“Cuba no debe figurar en ninguna lista unilateral ni ser objeto de vigilancia alguna”, señala un comunicado divulgado en la página web de la cancillería cubana, en el que se reitera el compromiso del gobierno de Raúl Castro “con la tolerancia cero en la lucha contra la prostitución y el comercio sexual u otras formas de trata de personas”.
El Gobierno cubano destaca en ese comunicado que la isla trabaja por cumplir “con los estándares internacionales en materia de lucha contra este flagelo y otros delitos de carácter global”.
Una semana después del restablecimiento de los vínculos diplomáticos bilaterales y tras dos meses de la retirada de Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo, el Departamento de Estado de EE.UU. eliminó este lunes a Cuba de la peor categoría de su reporte anual sobre el tráfico de personas en el mundo.
En el comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano considera que el informe estadounidense sobre la trata de personas “continúa presentando elementos tendenciosos y manipulados” sobre el trabajo “abnegado” y de “amplio reconocimiento internacional” de los colaboradores médicos de la isla en terceros países.
Según la cancillería, el texto “distorsiona el carácter educativo y formativo del sistema educacional cubano” al mostrar como “trabajo forzado” las “tareas que realizan los estudiantes cubanos” iniciativa conocida desde comienzos de la Revolución como “escuela al campo”.
La inclusión en esta lista, en la que permanecen Venezuela, Rusia, Irán, Siria y Corea del Norte, abre la puerta a la imposición de sanciones como la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial por parte de EE.UU.
Cuba aparecía en esa relación desde 2003 y fue trasladada este año a la categoría denominada de “observación especial”, en la que están también Bolivia, Costa Rica, Haití, Jamaica y China, entre otros.
El informe sobre la trata de personas examina la situación en 188 países del mundo y evalúa el grado en que sus Gobiernos cumplen con los estándares de combate a esa lacra establecidos en una ley estadounidense del año 2000.