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Según este texto, aprobado el martes por los diputados y el miércoles por los senadores, la actividad de una ONG extranjera o internacional “que represente una amenaza para los fundamentos constitucionales” de Rusia y afecte “la capacidad de defensa del país o la seguridad del gobierno” puede ser considerada como “indeseable”.
Moscú ha presentado esa ley como una “medida preventiva” necesaria tras las sanciones que impusieron los países occidentales a Rusia, a raíz de la crisis ucraniana. Para el gobierno de Moscú es necesario detener a “las organizaciones destructivas” que trabajan en Rusia y pueden fomentar “revoluciones de color”, en alusión a los movimientos prooccidentales que sacudieron varias exrepúblicas soviéticas en la última década.
Las autoridades tendrán ahora la posibilidad de prohibir las ONG extranjeras y enjuiciar a sus empleados, que podrán ser condenados a penas de hasta seis años de cárcel. La ley también permite bloquear las cuentas bancarias de esas ONG.
Estados Unidos se manifestó “profundamente preocupado” tras la promulgación de esta nueva ley por parte del presidente ruso, Vladimir Putin. “Nos preocupa que esta nueva ley restrinja cada vez más el trabajo de la sociedad civil en Rusia, y es un ejemplo más de la creciente represión del gobierno ruso contra las voces independientes y de los pasos intencionales para aislar al pueblo ruso del mundo”, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, en un comunicado.
“Seguimos preocupados por las crecientes restricciones a los medios independientes, la sociedad civil, los miembros de grupos minoritarios y la oposición política”, señaló también Harf en el comunicado. “Los rusos, como los ciudadanos de todas partes, se merecen un gobierno que apoye un abierto intercambio de ideas, un gobierno transparente, un trato equitativo ante la ley y la posibilidad de ejercer sus derechos sin temor a represalias”, añadió la portavoz.
También las organizaciones de defensa de los derechos humanos criticaron esa ley, que Amnistía Internacional calificó de “último capítulo en la represión sin precedentes contra las organizaciones no gubernamentales”. El texto se suma a otra ley aprobada en 2012, que obliga las ONG que reciben una financiación extranjera y tienen “una actividad política” a registrarse como “agentes extranjeros”.
Responsables políticos de Rusia han acusado a la OTAN de intentar acorralar al país, y dentro de Rusia muchos consideran que la oposición interna está llena de espías y traidores. La susceptibilidad del Kremlin ha sido acentuada por el aislamiento al que Occidente ha sometido a Rusia —con serias sanciones económicas, que han agravado la crisis en el país— tras la anexión de Crimea y el supuesto apoyo militar ruso a los rebeldes separatistas del este de Ucrania.
La veterana activista de derechos humanos Lyudmila Alexeyeva afirma que la nueva ley amenaza particularmente a grupos como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional, que tienen una importante presencia en Rusia y suelen emitir severos comunicados sobre la situación en el país. Estas organizaciones “trabajan para supervisar la situación de derechos y libertades, y a menudo realizan informes críticos que a mucha gente no le gustan”, afirmó Alexeyeva a la agencia de noticias Interfax.