Aunque en lo personal el “annus horribilis” de Fernández fue 2010, cuando falleció su esposo y antecesor en el cargo, Néstor Kichner, su gestión al frente del país nunca se había complicado tanto desde que asumió el poder, en 2007. En el año que termina, los argentinos han vuelto a sentir de cerca la sombra de la suspensión de pagos después de una década por un litigio abierto por fondos especulativos que encontraron apoyo en un tribunal de Nueva York.
El juez Thomas Griesa mantiene en jaque al Gobierno de Fernández, que en los últimos meses pasó de ningunear al magistrado y a los demandantes a buscar fórmulas para evitar el “default” (quiebra), hacer frente a sus deudas y sentarse a negociar a partir de enero. Paralelamente, ha visto cómo se deterioraba la economía y se alejaba del crecimiento de tasas chinas que mantuvo en sus primeros años de mandato para terminar el ejercicio con crecimiento cero e incluso con una contracción del 2%.
Un clima de recesión agravado por una inflación próxima al 40 por ciento, según proyecciones privadas, que toca directamente al bolsillo de los argentinos y provoca un aumento del malestar social. La devaluación del peso, que estrenó el año con una brusca caída del 23 por ciento frente al dólar, y la bajada del precio internacional de la soja -principal fuente de ingresos por exportaciones de Argentina- terminaron de complicar el escenario económico.
Por si no hubiera sido suficiente con la caída en picado de la economía, Cristina Fernández ha tenido que enfrentarse a los sucesivos escándalos por los casos de corrupción de altos funcionarios de su Gobierno que han estallado a su alrededor, empezando por su vicepresidente, Amado Boudou, y terminando por ella misma. Boudou, un hombre que eligió la presidenta sin atender a las críticas de la vieja guardia, está acusado de corrupción y falsificación de documentos, y ha sido relegado pero no ha renunciado a su cargo.
La ofensiva de la Justicia ha alcanzado a otros altos funcionarios, a empresarios cercanos al kirchnerismo, al propio ministro de Justicia, Julio Alak, e incluso a la presidenta, blanco de la polémica por presuntas irregularidades en una de sus empresas, gestora de un lujoso hotel en la Patagonia argentina. Hasta su salud le ha pasado factura este año y Fernández ha tenido más de un susto. Después de la cirugía por un hematoma craneal que sufrió en octubre del pasado año, volvió al hospital por una infección en el colon que la ha mantenido tres semanas fuera de la escena política.
Los médicos ya le han advertido de que debe bajar el ritmo porque el estrés es un peligro latente, pero Cristina Fernández, de 61 años, no parece hacerles caso, al menos hasta el momento. Descartada la posibilidad de una reforma de la Constitución para optar a un tercer mandato y en plena batalla para las presidenciales de octubre de 2015, que a juzgar por los sondeos serán muy reñidas, la presidenta ha decidido no pronunciarse sobre los precandidatos que pelean por la nominación en el oficialismo, en un intento por mantenerse como primera figura política hasta el último momento.
Mientras, aumentan las especulaciones sobre su futuro y los rumores que la sitúan a la cabeza de la lista de legisladores oficialistas o al Parlamento de Mercosur, una alternativa que, además de permitirle seguir en la política activa, la blindaría frente al avance de la Justicia. Mientras deshoja la margarita sobre su futuro, Cristina Fernández debe comandar con extremo cuidado el Gobierno para llegar a octubre sin grandes sobresaltos y con la “casa” en orden, una misión harto difícil.