SAN JOSÉ. El Parlamento de Costa Rica aprobó un polémico proyecto de reforma que contempla aumentos de impuestos, con el que el gobierno busca contener un creciente déficit fiscal.
Costa Rica espera ingresar como miembro de la OCDE a partir de 2020, según el mandatario. El país arrastra un índice de desempleo de alrededor de 10% los últimos años, que no ha bajado pese al crecimiento económico de 3,3% como promedio en la última década.
El proyecto de “ley de fortalecimiento de las finanzas públicas” fue aprobado en segundo y último debate con el voto a favor de 34 diputados y 17 en contra, con cientos de adversarios de la iniciativa que se manifestaban en las afueras de la sede de la Asamblea Legislativa.
La reforma fue ratificada por el presidente Carlos Alvarado pocas horas después de su votación, con lo cual quedó lista para entrar en vigor. “En este momento firmo la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Agradezco a quienes han apoyado al gobierno de la república en este esfuerzo”, escribió Alvarado en Twitter.
En un mensaje por cadena de televisión, el mandatario celebró la votación, vaticinó “una etapa de optimismo, esperanza y certeza” para el país y aseguró que la reforma permite esquivar una potencial crisis económica.
Los sindicatos del sector público realizaron una huelga el 10 de septiembre contra la reforma, alegando que el proyecto carga el peso del saneamiento fiscal en los sectores de menores ingresos.
Aunque la huelga formalmente no ha sido levantada, la mayoría de los trabajadores públicos volvieron a sus labores y únicamente parte de los sindicatos de la educación mantienen la paralización.
El proyecto sustituye el actual impuesto sobre la venta de 13% por un impuesto al valor agregado por el mismo porcentaje, que incluye algunos servicios excluidos del gravamen actual.
También grava con 1% los productos de la canasta básica, con un mecanismo para que lo recaudado por este tributo se invierta en programas sociales.
El diputado izquierdista José María Villalta reclamó que el proyecto aprobado “no hace las reformas necesarias para alcanzar la justicia tributaria, pero sí impone impuestos a los medicamentos y alimentos”.
Por el contrario, el oficialista Enrique Sánchez expresó que con la votación se cerró “una discusión compleja pero estrictamente necesaria. La asumimos con la responsabilidad de saber que Costa Rica necesita esta reforma”.
“Seguiremos apoyando al Ejecutivo en iniciativas para sanear las finanzas públicas, reactivar la economía y el combate a la desigualdad”, señaló.