La orden de la jueza del Supremo Tribunal Federal Rosa Weber, que se extiende al Ministerio de Justicia, fue emitida después de que un partido opositor, Rede Sustentabilidade, impugnara la constitucionalidad de la decisión de Bolsonaro.
Su decreto, firmado el martes, fue “un abuso de poder regulatorio” y “contravino el espíritu” de un estatuto de desarme de 2003 que prohíbe portar armas en público, según una copia de los documentos de la Corte proporcionados a periodistas.
Entre tanto, documentos que circulaban en el Congreso el viernes acusan a Bolsonaro de “ir más allá” de sus atribuciones presidenciales y califican el decreto de “ilegal”, tras otorgar a varias categorías ocupacionales, entre ellas políticos, periodistas y camioneros, el derecho a portar armas, informó este sábado el diario O Globo.
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Bolsonaro, un excapitán del ejército, defiende que el decreto se apega al resultado de un referéndum de 2005 en el que cerca del 64% de los brasileños rechazó una ley que implicaba, entre otras cosas, una prohibición total de la venta de armas. Pero especialistas aseguran que flexibilizar los controles aumentará la violencia armada en un país que ya ostenta uno de los mayores índices de homicidios del mundo.
Brasil registró 64.000 homicidios en 2017, una tasa de casi 31 por cada 100.000 habitantes, cifra tres veces superior al nivel considerado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como violencia endémica.
Frente a la creciente oposición al decreto, Bolsonaro afirmó el viernes que “si es inconstitucional, debe dejar de existir”, para insistir a continuación en que no era este el caso.
El decreto autoriza a los propietarios de armas con licencia a comprar hasta 5.000 municiones por año, dependiendo del tipo de arma, un gran salto en relación al límite anterior de apenas 50, así como poseer hasta cuatro armas de fuego, según el centro de análisis Instituto Igarape en Río de Janeiro.
Bolsonaro, cuya dura retórica sobre la delincuencia lo ayudó a salir electo el año pasado, ha hecho campaña durante mucho tiempo a favor de permitir que las personas porten armas en las calles. Pero eso requiere el aval del Congreso para cambiar la ley. Los críticos argumentan que su decreto viola la Constitución porque crea una nueva ley, en lugar de modificar una existente.