Por tres votos contra dos, los jueces de la segunda corte del Supremo Tribunal Federal (STF) decidieron postergar para el próximo semestre el debate sobre la conducta de Moro y rechazaron una propuesta de conceder hasta entonces la libertad provisoria al político izquierdista que presidió el país entre 2003 y 2010.
Los magistrados habían rechazado previamente por cuatro votos otro recurso que pedía su liberación, cuestionando una decisión tomada por un juez de un tribunal superior.
Lula, de 73 años, purga desde abril de 2018 una pena de ocho años y 10 meses de cárcel por corrupción y lavado de dinero.
Pero su defensa busca anular la sentencia pronunciada por Moro en primera instancia, alegando que el juez forma parte de una conspiración para impedir el retorno de la izquierda al poder.
Los abogados de Lula presentaron el recurso que cuestiona la actuación del exmagistrado en diciembre pasado, después de que Moro aceptara ser ministro de Justicia del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, quien derrotó en las presidenciales de octubre al delfín de Lula, Fernando Haddad.
Pero sus argumentos ganaron fuerza este mes cuando el portal The Intercept Brasil publicó presuntos mensajes de Moro con los fiscales de Lava Jato, que aparentan una voluntad de perjudicar políticamente al expresidente.
El caso fue retomado por la corte este martes.
“Ya habíamos presentado incontables pruebas de que el expresidente no tuvo un juicio justo, imparcial, independiente. No cometió ningún delito y tiene derecho a ser juzgado por un magistrado imparcial”, afirmó al cabo de la sesión uno de sus abogados, Cristiano Zanin Martins, quien se mostró optimista sobre la discusión que la corte debe mantener sobre el caso.
“Nuestra expectativa es que reconozcan” que Moro fue parcial, añadió.
En 2017, Moro declaró a Lula culpable de corrupción y lavado de dinero por haberse beneficiado de un apartamento tríplex puesto a su disposición por una de las constructoras involucradas en el escándalo de sobornos de Petrobras.
Ese dictamen fue confirmado por un tribunal de apelaciones y luego por una corte superior, el Supremo Tribunal de Justicia (STJ).
Pero la historia podría dar un giro favorable al expresidente si la máxima corte del país -que vela por principios constitucionales como el derecho a la legítima defensa- considerase que Moro no actuó con imparcialidad, coordinando acciones con la parte acusatoria del caso, como afirma The Intercept.
Moro, que no reconoce la autenticidad de los mensajes revelados por The Intercept, niega haber confabulado con los fiscales de la operación Lava Jato.
“No es inusual que un juez converse con un abogado, con un fiscal, con la policía”, defendió la semana pasada ante una comisión de senadores que lo interrogó sobre las revelaciones, sin reconocer la veracidad de los mensajes y afirmando que estos pudieron ser “adulterados” por hackers.
The Intercept Brasil -que obtuvo los mensajes a través de una fuente anónima- cuenta entre sus fundadores al periodsta estadounidense Glenn Greenwald, quien en 2013 reveló los programas de vigilancia masiva implementados por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos.