Corte pide renuncia de magistrado por caso soborno

BOGOTÁ. La Corte Constitucional de Colombia pidió la renuncia del magistrado Jorge Pretelt por un caso de soborno en el que está siendo investigado, tras dejar la presidencia del alto tribunal a comienzos de este mes.

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Los ocho magistrados de la sala plena de ese órgano judicial pidieron a través de un comunicado “al Doctor Jorge Ignacio Pretelt Chaljub que renuncie de manera inmediata e irrevocable a la investidura de magistrado de la Corte Constitucional que actualmente ostenta”.

Pretelt es señalado de pedir el pago de una suma de dinero a la firma Fidupetrol, actualmente en liquidación, para votar a su favor en un fallo de tutela y así ahorrarle un millonario pago a un gobierno regional.

La tutela, finalmente fallada contra esa empresa, fue interpuesta por la compañía contra una decisión de la Corte Suprema, que condenó en 2013 a prisión al exgobernador del departamento del Casanare (noreste) , Witman Porras, por poner fondos públicos en fiduciarias como Fidupetrol.

Además, la Corte exigió a la empresa devolver varios millones de dólares a la gobernación regional.

Pretelt, quien en febrero pasado fue elegido presidente de esa entidad encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna en Colombia, se apartó de ese cargo de manera temporal, en un principio, y después indefinidamente para preparar su defensa.

“Mantenemos un compromiso absoluto con las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia”, agregaron los togados, quienes estimaron, sin embargo, que “estos principios no se verán sacrificados cuando (Pretelt) ejerza su derecho de defensa al margen de la Corporación”.

Por el caso de Fidupetrol, Pretelt está siendo investigado penalmente en la Fiscalía, así como en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, juez natural del presidente, los magistrados de las altas cortes del país, y del fiscal general.

El jurista había pedido además una licencia de 60 días ante el Senado con el fin de enfrentar las acusaciones, petición que le fue negada este mismo martes.

“Sin la credibilidad y la confianza públicas, las funciones de este Tribunal pierden arraigo y eficacia. No tiene sentido por consiguiente que pongamos los derechos individuales de cada uno de nosotros por encima de la legitimidad del Tribunal Constitucional”, afirmó el comunicado.

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