El Comité de Ministros de esta organización pidió a sus 47 países miembros que reconozcan la contribución a “la transparencia y la responsabilidad democrática” de las personas que revelan informaciones relacionadas con “amenazas al interés general”.
Según el Consejo de Europa, se debería proteger “por lo menos” a quienes hagan públicos hechos relacionados con violaciones de la ley y los derechos humanos, así como las informaciones que supongan riesgos para la salud y la seguridad públicas o el medio ambiente.
Estas personas deberían estar protegidas contra cualquier represalia y preservar el carácter confidencial de su identidad, indicó esta institución, que añadió que las revelaciones deberían conducir a una investigación para tratar las cuestiones de interés público.
En cambio, las informaciones relacionadas con la seguridad nacional, la defensa, el orden público y las relaciones internacionales del Estado podrían tener “reglas particulares”, según el Consejo de Europa.
No obstante, ese organismo también invitó, en una declaración anexa, a que los Estados protejan a los periodistas y eviten la “intimidación judicial” con una “aplicación desproporcionada de las disposiciones penales en materia de difamación, seguridad nacional y terrorismo”.