BUENOS AIRES. El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, es esperado a las 11:00 locales (14:00 GMT) del viernes para defender la ley ante los diputados de las comisiones de Finanzas y Presupuesto de la Cámara baja.
La mañana del viernes el proyecto aún no había sido ingresado al Parlamento, informó a la AFP una fuente de la Mesa de Entradas de la Cámara baja, pero “es posible que la traiga personalmente el ministro” cuando llegue al Congreso, explicó.
El lunes próximo, esas comisiones escucharán la opinión de economistas antes de tomar una decisión y luego el tema pasaría al pleno de la Cámara la semana siguiente, ante la urgencia del gobierno por regresar a los mercados de capitales, de los que la tercera economía de América Latina está fuera desde la moratoria de 2001.
Según anticipos de la prensa, el proyecto de ley para el pago a los fondos especulativos contempla en su primer artículo la derogación de las leyes de Cerrojo y de Pago Soberano, condición impuesta por el juez de Nueva York Thomas Griesa para levantar sus medidas contra Argentina.
La ley llamada de Normalización de la Deuda Pública prevé la emisión de la deuda para pagar a los fondos buitre, con quita promedio del 25% e incluye los acreedores sin sentencias firmes pero con títulos en default en su poder, según las fuentes.
El gobierno trabaja contrarreloj para conseguir respaldo de los legisladores en un Congreso de mayoría opositora de distintos signos.
El bloque del kirchnerista Frente para la Victoria (FPV), segunda minoría, ya advirtió que “no dará quorum” para el tratamiento del proyecto, por lo que el oficialismo tendrá que sumar los diputados necesarios para arrancar el debate.
“Los 84 diputados del FPV decidimos no dar quórum por la ley Cerrojo”, aseguró Héctor Recalde, jefe del bloque que responde a la expresidenta Cristina Kirchner (2007/2015) y que dejó ser primera minoría al sufrir en febrero la ida de un grupo diputados que formó otro bloque.
El juez Griesa levantó el miércoles bajo condiciones sus medidas contra Argentina en ese juicio, dos días después de un preacuerdo del país para pagar 4.653 millones de dólares a los dos fondos especulativos más duros, Aurelius y NML Capital.
En su orden, el juez exigió que el país derogue sus leyes que impiden un acuerdo con los fondos querellantes que no aceptaron sus canjes de deuda de 2005 y 2010 y que pague a los acreedores que hayan aceptado su oferta hasta el 29 de febrero.