En total, 122 personas, incluidos dos menores de 15 y 17 años, están involucradas en el llamado caso “ Ramu 122 ” , que se juzga desde el jueves en la corte provincial de Madang, en el norte del país, según el diario papú Post Courier.
Los procesados, que se declararon inocentes de la acusación de asesinato deliberado, proceden de seis aldeas Naho Rawa de esta provincia y se les acusa de planificar ataques en represalia por supuestos actos de brujería.
Según la acusación, estos se armaron con flechas y arcos, hachas y machetes y asaltaron el 14 de abril de 2014 el poblado de Sakiko, donde las víctimas habían buscado refugio antes de ser asesinadas por los agresores.
Entre las víctimas había dos niños de 3 y 5 años que fueron arrancados de los brazos de sus madres y cortados en pedazos, agregó la fuente, que precisó que una de las víctimas fue asesinada aleatoriamente.
De los 122 acusados, 97 están detenidos y otros 24 se encuentran en libertad bajo fianza y no comparecieron ante el tribunal, mientras que otro falleció poco después de este incidente.
Ante el inicio del juicio la representante de Amnistía Internacional (AI) en la región, Champa Patel, denunció la falta de castigos en casos de asesinatos de mujeres acusadas de brujería en Papúa.
“ (Las mujeres) han sido a menudo golpeadas, quemadas y ejecutadas en público sin que se hiciera nada ” , dijo Patel en un comunicado.
“ El nuevo proceso es una oportunidad para romper con la tradición de impunidad si se les ofrece un juicio justo sin que se aplique el recurso de la pena de muerte ” , añadió la activista.
En Papúa Nueva Guinea son frecuentes los ataques contra personas acusadas de practicar brujería y la magia negra, aunque muchos observadores de este fenómeno creen que se trata de acciones que enmascaran la violencia motivada por los celos o la codicia.
Papúa derogó en 2013 la Ley de Brujería vigente desde 1971, que prohibía practicar “ magia negra o hechizos para causar daño ” y permitía ajusticiar a las personas acusadas de brujería, pese a que estas acusaciones son difíciles de probar.
El Parlamento papuano aprobó ese año varias enmiendas al Código Criminal para que la pena de muerte se aplique para sancionar los asesinatos, las violaciones agravadas o en grupos o contra menores de 10 años.
Hasta entonces, la pena capital en Papúa Nueva Guinea estaba vigente para casos de traición, piratería y asesinato premeditado, pero no se ha aplicado desde 1954.