El magistrado federal Claudio Bonadio, que fechó para el próximo 7 de marzo la comparecencia de Fernández, también convocó, entre otros y en días anteriores, a sus hijos, Máximo y Florencia, y a los empresarios de la obra pública ligados al kirchnerismo Cristóbal López y Lázaro Báez, quien ya está preso desde abril de 2016 por otro expediente por presunto lavado de dinero. La causa conocida como Los Sauces surgió el pasado año tras una denuncia de la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer contra la expresidenta y sus hijos, por supuesto enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos relacionados con supuestos negocios irregulares con esos empresarios, a los que la Fiscalía añadió acusaciones por supuesto cohecho. La sociedad inmobiliaria Los Sauces fue conformada en 2006 por Fernández y su fallecido esposo, el también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), así como por su primogénito.
En el marco de este expediente, el pasado 15 de diciembre Bonadio emitió un auto en el que ordenó intervenir la sociedad y apartó a Máximo de la administración de la herencia familiar.
Entre otras medidas, el juez ya había ordenado tasar todas las propiedades de la sociedad y el allanamiento de varios inmuebles, y recientemente envió un exhorto a la justicia de Estados Unidos para pedir información sobre una cuenta bancaria que perteneció a Kirchner.
Stolbizer considera que pudo utilizarse la empresa, dedicada al alquiler de inmuebles, para recibir transferencias millonarias de los empresarios contratistas del Estado Lázaro Báez y Cristóbal López, mediante arrendamientos de esas propiedades.
Fernández, que dejó la Presidencia en diciembre de 2015, ha reiterado en multitud de ocasiones que se siente víctima de una persecución política, mediática y judicial, debido a la variedad de causas abiertas contra ella.
Hasta ahora, la ex jefa de Estado se encuentra procesada en dos causas: una que investiga operaciones del Banco Central realizadas bajo su gestión, también dirigida por Bonadio, y otra por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obra pública, en la que también está acusado Báez y diversos miembros del anterior Gobierno argentino.