La misión de la CIDH, encabezada por el relator para los Privados de Libertad, Rodrigo Escobar, que llegó el domingo a la ciudad de San Pedro Sula (norte), presentó este viernes en rueda de prensa en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Tegucigalpa un informe de la vista que realizó a las cárceles a petición del presidente Porfirio Lobo.
“Los centros penales de Honduras se caracterizan por graves problemas estructurales que han conducido al colapso del modelo y a una situación (de violación) generalizada de (los) derechos humanos”, anotó el informe presentado por Escobar.
Señaló que la situación de las 24 prisiones que albergan a más de 12.000 reos, pese a que fueron construidas para 8.000, “es incompatible” con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Americana de los Derechos Humanos.
La CIDH citó entre los principales problemas “la sobrepoblación, hacinamiento, falta de instalaciones físicas adecuadas y seguridad para el alojamiento de los reclusos”.
Asimismo, denunció “condiciones deplorables de higiene y salubridad, provisión adecuada de alimentos y agua potable, así como de una asistencia médica adecuada, escasez de programas de estudio y falta de instalaciones adecuadas para atender a la visitas, incluidas las conyugales”.
El informe citó que, en este contexto, murieron 361 reos el pasado 14 de febrero en un incendio en el penal de Comayagua, 90 km al norte de Tegucigalpa, una de las peores tragedias carcelarias del mundo. “En un espacio de 75 m2 con capacidad para 20 personas había entre 100 y 110”, lamentó.
La misión de la CIDH cuestionó además el sistema adoptado por las autoridades hondureñas, que delegan en los propios presos el nombramiento de un coordinador para que imponga disciplina.
Como ejemplo, recordó “los hechos atroces recientemente registrados en el penal de San Pedro Sula el pasado 29 de marzo en lo que por una lucha de poder por el control del penal fueron asesinados 13 internos”, incluido el coordinador.
Al coordinador de los reos “no sólo lo decapitaron, sino que además le arrancaron el corazón y le mutilaron los genitales” lo que “da cuenta de los niveles de violencia y descontrol a los que se puede llegar en este modelo de autogestión penitenciaria”, afirmó.
“Esta grave crisis estructural es el resultado de la ausencia de programas integrales orientados a lograr que el sistema penitenciario cumpla con la Convención Americana de los Derechos Humanos”, precisó.