“Es una legislación muy dura y sanciona drásticamente a quienes se sientan con la libertad de atentar contra ciudadanos inocentes”, dijo a periodistas el ministro del Interior y Seguridad, Rodrigo Penailillo, tras presentar el proyecto a la Comisión de Seguridad del Senado.
El texto fue trabajado durante más de seis meses por una comisión de expertos, convocada luego de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recomendara al país no aplicar la ley antiterrorista a los indígenas mapuches en sus protestas de reivindicación de tierras.
Los bombazos que estallaron en estaciones del Metro de Santiago en septiembre alertaron también a las autoridades sobre la ineficacia de la normativa para perseguir a los responsables de estos delitos.
La nueva legislación amplía el concepto de terrorismo y ya no hace necesario probar la intención de querer causar terror en la población.
“Hoy teníamos un problema; era necesario probar un elemento subjetivo como eran las intenciones (de causar temor)” , explicó el senador oficialista Felipe Harboe.
Probar la intención de causar temor se ha configurado como uno de los principales escollos para que jueces pudieran condenar a los acusados de la instalación de las más de 200 bombas caseras puestas en Santiago en los últimos años.
La mayoría de las veces, no se pudo comprobar la existencia de una asociación ilícita -compuesta por varios miembros- y con ello probar la intención de causar temor, debiéndose absolver a los imputados.
La nueva normativa establece la figura del “terrorista solitario” e incluye la figura de agentes encubiertos, que hoy sólo se consideran para perseguir delitos vinculados al narcotráfico.
“Nos parece muy importante que el delito terrorista pueda ser cometido no sólo por una asociación ilícita o un grupo de personas, sino que también en lo que se llama un terrorista solitario”, explicó el senador Alberto Espina.
El proyecto, que ingresará el martes al Congreso con urgencia simple, modifica el Código Penal. La nueva normativa no deroga la anterior, para no afectar a los procesos ya en cursos en base a esta legislación.
Además, intentará reparar las falencias de una legislación establecida durante la dictadura de Augusto Pinochet para sancionar a los grupos terroristas que lucharon en contra de su régimen, que dejó más de 3.200 víctimas.